Si bien las condiciones actuales no son las deseables, dada la coyuntura a nivel nacional, inscripta en un proyecto de país sostenido por la libre oferta y demanda, en desmedro de la educación pública y gratuita, que plantea la creación de la universidad docente y el cierre de 29 Institutos.
Esta reforma concibe a la educación bajo una lógica empresarial, busca empeorar las condiciones de aprendizaje y convertir al docente en un “emprendedor”, imponer plataformas digitales prediseñadas que en un futuro podrían reemplazar a lxs educadorxs. Con esta ley se habilita la tercerización de sus funciones en corporaciones privadas, ello implica un avance privatista sobre la educación pública y legaliza instrumentos destinados al cierre de los institutos de formación docente.
Además como en el ámbito universitario no está contemplada la Educación Sexual Integral, esta no se incluiría dentro de la currícula de la formación docente. Este es el panorama nacional.
En cambio dentro de la jurisdicción provincial, nuestra educación de neto corte justicialista, requiere una lectura propia del tiempo histórico y social en el que se plantea, -en este caso décadas de gobierno justicialista-, así como de las condiciones particulares del espacio en el que interviene y define en consecuencia una agenda de problemas y/o desafíos que nos proponemos enfrentar junto con los lineamientos que conducen las acciones para abordarlos, queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de poder hacerlo en el día a día, generando consensos y condiciones de posibilidad para la construcción de la igualdad educativa.
A partir del año 2007, desde la Dirección de Educación Superior y en conjunto con los Institutos Superiores de Formación Docente, se comenzó a pensar en forma colectiva e iniciar la escritura colaborativa -junto a equipos técnicos de los niveles y modalidades-, de propuestas curriculares acordes a las nuevas necesidades del sistema educativo nacional.
Ello implicó, la incorporación de nuevas unidades curriculares, la ampliación de cargas horarias en la duración de las asignaturas cuatrimestrales y anuales, exigió un nuevo presupuesto y nuevos perfiles profesionales. A partir del 2009 por los actuales profesorados que pasaron a tener una duración de cuatro años.
Con las nuevas materias incorporadas como Educación Sexual Integral (ESI), Necesidades Educativas Especiales (NEE), Tecnología de la Información y Comunicación (TICs) y la práctica profesional docente desde 1er año hasta 4to año, exigieron una ampliación del presupuesto destinado para la formación docente inicial.
Otro de los desafíos fue la implementación de procesos evaluativos y de adecuación de los diseños curriculares jurisdiccionales (DCJ), esta propuesta se planteó como un espacio de reflexión y de mirada integral sobre los principales desafíos que enfrenta la articulación entre la Formación Docente y la Educación Obligatoria en nuestro país.
Asimismo fue un espacio de formación sobre temáticas específicamente vinculadas a la formación inicial: planeamiento, inversión educativa, trabajo docente y el currículo propiamente dicho.
La dirección de Educación Superior implementa una política de formación docente continua, sostenida en el tiempo para mejorar las condiciones institucionales y la formación de los estudiantes que de allí egresan como docentes que se desempeñaran en el sistema educativo provincial, y en otros lugares del territorio nacional dado que los títulos que se otorgan tienen validez nacional y los habilita para el desempeño profesional en cualquier punto del país.
Ello requiere un perfil docente formador acorde a las necesidades y requerimientos de la educación superior, con titulaciones vinculantes a los desafíos que ello implica y con alta sensibilidad social para ser atentos y vigilantes docentes, ocupados en el acompañamiento de las trayectorias de sus estudiantes, evitando y desestimando las concepciones meritocráticas que todavía inspiran el imaginario de muchos docentes.
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