El abogado del foro local Williams Dardo Caraballo, querellante en causas de lesa humanidad, rechazó el nuevo protocolo que dispuso el Gobierno Nacional para las fuerzas de seguridad, calificándolo de «retroceso» y denunciando que se trata de «una grave violación a la Constitución Nacional».
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reivindicó la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de habilitar a las fuerzas de seguridad a utilizar armas de fuego en casi todas las situaciones frente a un hecho delictivo y a disparar sin dar la voz de alto. «Se presume legítima la acción del oficial», afirmó la ministra sobre la nueva reglamentación que da luz verde al gatillo fácil y barre con la presunción de inocencia.
La resolución del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial consagra la doctrina Chocobar. El reglamento que de ahora en más rige el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad va a contramano de las recomendaciones de Naciones Unidas.
«Es lamentable tener que estar opinando y analizando una normativa que es un protocolo en definitiva que reglamentó el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo cual nos ratifica que la ministra Bullrich haciendo normas y disposiciones es más peligrosa que un mono con una Gillette», manifestó el abogado Caraballo al ser consultado al respecto.
Advirtió que desde el Gobierno Nacional «hay un trastrocamiento de valores y un desprecio por la vida humana» al dotar de «una facultad discrecional a las fuerzas federales de seguridad, llámese Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeronáutica, entre otras, de poder hacer uso de las armas letales, las armas de fuego, donde subjetivamente la gente va a valorar la situación de peligro inminente que dice la norma y va a poder disparar, inclusive cuando la persona esté huyendo o escapando después de haber perpetrado un delito».
«Creo que es un retroceso y una grave violación a la Constitución Nacional», evaluó Caraballo, haciendo notar que «ya la legítima defensa está regulada en el Código Penal, hay mucha jurisprudencia y doctrina sobre lo que es y cuando se pasa ese límite».
«Lo que pretenden hacer con esta nueva disposición es legalizar la pena de muerte, la doctrina Chocobar», denunció el letrado, quien señaló que «uno no está de acuerdo que se robe o se atente contra la propiedad, pero la reacción de poder usar indiscriminadamente el arma reglamentaria nos pone en una situación que realmente es preocupante».
Finalmente estimó que «en el transcurso de pocas horas algún juez va a declarar inconstitucional este protocolo», evidenciando que «todo el equipamiento que hizo el Estado Nacional durante el G20 en cuanto a armamento, elementos disuasivos, pertrecho y todo lo que tenga que ver con la represión no fue con motivo de esa cumbre internacional, sino para usarlo en contra de la protesta social, fundamentalmente en este mes de diciembre que va a ir poniendo muy caliente», alertó por último.
