La Defensoría del Pueblo, cursó una nueva instancia a la Cancillería Argentina, a cargo de Jorge Faurie, a efectos de que la misma se avoque y plantee los pertinentes reclamos al Gobierno del Paraguay, debido a que incumple con el Tratado Internacional que, desde 1991 bajo el nombre de “Proyecto Pantalón”, prevé la distribución igualitaria de las aguas del río Pilcomayo con los guaraníes, con lógica incidencia en el extremo noroeste de nuestra provincia.
Advierte que “la falta de obras de mantenimiento de los canales en territorio del vecino país, remarcan, está haciendo que se produzca el ingreso de grandes volúmenes de agua al territorio provincial, habiéndose registrado en los últimos meses dos crecidas del curso hídrico, las que han sido soportadas por las defensas construidas por el gobierno provincial, restando aún la tercera y más importante, conforme al régimen del río”.
Frente a ésta situación desde el Organismo de la Constitución subrayaron que, “oportunamente, la temática ha sido planteada además al entonces ministro, ahora secretario de Ambiente de la Nación, Rabino Sergio Bergman, sin que a la fecha desde ninguna de las dos áreas federales se haya hecho absolutamente nada. Mientras tanto, decenas de poblaciones del extremo oeste se encuentran en vilo dada la desidia reinante en el Gobierno Nacional, inacción que puede causar daños irreparables, más aún de los ya producidos en años anteriores”.
Expertos señalan que, por el aporte de las lluvias en Bolivia el caudal esperado es extraordinario, mientras tanto el Gobierno del vecino país está inmutable y el Argentino nada reclama ni hace para evitar una situación que podría llegar a ser catastrófica. Sobre éste particular, el secretario Letrado de la Defensoría, José Porfirio García, expresó que: “Ya estamos llegando al punto de la indignación como formoseños, ya que al plantear cuestiones de interés de nuestra Provincia como ésta del peligro que se cierne si no se adoptan medidas ante la enorme crecida que se espera del Río Pilcomayo u otras, como la presión que se ejerce sobre la gente por el aumento de la tarifa de electricidad, el alza permanente de precios en los productos de la canasta familiar, el retroceso o pérdida de los beneficios sociales y de poder adquisitivo de los que menos tienen, la caída de los sistemas de salud y educación como consecuencia de los recortes presupuestarios y cierres de programas que han realizado, desde las diversas áreas del Gobierno Nacional la respuesta lejos de la atención de las cuestiones que planteamos como sería de esperarse, es que como Defensoría Provincial no tenemos competencia para intervenir, sin entrar en el análisis de las problemáticas que aquejan a nuestra comunidad y se las trasladamos por ser argentinos, cuestiones todas que deberían atender.-
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