El alza en la energía eléctrica mayorista ordenada por el Secretario de Energía de la Nación, Javier Alfredo Iguacell, mediante la Resolución 366, impactará directamente en las tarifas finales que los usuarios de la Provincia deberán abonar, principalmente en los meses de febrero y abril del corriente año.
Lo advertido por la Defensoría del Pueblo, “se dará a habida cuenta que la distribuidora local REFSA pasará de pagar el precio de la Potencia de $ 10.000 ($POTREF S/MW-mes) a $ 80.000 ($POTREF S/MW-mes), es decir un 800 %”.
“Éstos datos, -señala el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca-, pueden ser verificados desde cualquier pantalla de acceso a Internet, colocando en el buscador el dato, Resolución 366 Subsecretaría de Energía de la Nación, donde se podrá ver el abrupto incremento que dispuso el área federal de energía y que inevitablemente llegará a nuestras facturas”.
El funcionario consideró importante remarcar ésta última circunstancia porque entiende “no faltará quien, al llegar las facturas con aumentos, salga de querer imputar responsabilidades por el incremento de la Energía al Estado Provincial, del cual la Defensoría del Pueblo forma parte, afirmando además que el organismo no se opone a semejante despropósito”.
El Ombudsman Provincial destaco que ha interpuesto cuanto recurso administrativo y/o acción judicial ha podido, por incrementos similares anteriores, los cuales han sido sistemáticamente desechados por la Justicia Federal, la cual entiende que la Constitución en su Art. 42 no dice lo que dice, esto es “que los intereses económicos de los usuarios del servicio de energía eléctrica de Formosa, como los de todo el país, deben ser resguardados por nuestras autoridades nacionales y si no lo hicieren estamos habilitados para acudir en demanda de justicia”. Y lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo, destacó, porque el usuario ya no soporta tanta carga económica dispuesta por el Gobierno Nacional que, en poco más de 3 años, va a terminar incrementado 5.980 % la energía mayorista, con el criterio que la electricidad es un mero servicio prestado por una entidad cualquiera. Cuando en realidad la energía eléctrica domiciliaria es un derecho y las compañías estatales, tanto ENARSA como CAMMESA, deben estar al servicio de la gente y no con un simple fin de lucro. Siendo que no es un despropósito el subsidiar la energía de la gente de menores recursos, como lo hacen los países más desarrollados el mundo. Sobre el particular el Secretario Letrado, del Organismo de la Constitución, José Porfirio García, afirmó que se continuarán con las acciones legales contra los tarifazos, pese a que la Corte Suprema intenta maniatar a los Defensores del Pueblo de todo el país, por lo que se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poner freno a éstos aumentos irracionales de la energía, que son abiertamente inconstitucionales, porque no respetan la evolución de los ingresos de los usuarios del servicio, pues el Estado Nacional promueve altísimas subas en las tarifas, mientras mantiene congelados los salarios, lo cual causa el empobrecimiento de la gente que ve golpeado sus alicaídos ingresos no solo por los tarifazos, sino también por los aumentos que como consecuencia de los mismos se suceden con posterioridad.
