El abogado y militante peronista Williams Dardo Caraballo se mostro sorprendido por “las consideraciones jurídicas de prestigiosos colegas en relación a la situación generada en el seno de Poder Legislativo respecto al personal que venían desempeñándose con distintos diputados y, especialmente con el último presidente nato, cuyo cargo deberá cubrirse en las próximas elecciones provinciales”.
Para el jurista “con ligereza y desconocimiento atribuyen responsabilidades políticas y penales adicionándole el ingrediente de que el INADI (que emite dictámenes y opiniones jurídicas que no obligan a nadie conforme la norma de su propia creación y posterior ampliación de funciones) debería intervenir”.
Recordó, que “en lo personal, alguna vez desempeñando un cargo que tenía el acuerdo unánime de los miembros del Concejo Deliberante y era de carácter técnico jurídico fui víctima de la disolución de mi cargo con el consiguiente perjuicio. Como profesional del derecho acudí ante el Superior Tribunal de Justicia que conformaban los jueces Coll, Roquel y González siendo Procurador General el Dr. Tievas y en un plazo prudencial obtuve medidas cautelares y una sentencia que resolvía la cuestión de fondo dentro de los términos procesales”.
“Para ubicarnos temporalmente fue en el año 1.999”, recordó. Continuo, “Ahora bien, el personal del Poder Legislativo en la provincia y la nación es de naturaleza eminentemente política que se renueva periódicamente cuando cada cámara renueva sus miembros, que en el caso de Formosa, cada dos años renueva la mitad de sus miembros que cumplen su mandato de cuatro años”.
Consigno Caraballo que “si eventualmente el legislador es reelecto lo más probable es que mantenga en el plantel de su cupo a las personas de su confianza, que podrán ser o no militantes de la fuerza política del diputado”. Sostuvo que “al igual, el “personal de cámara” que depende de la presidencia nata corre la misma suerte del vicegobernador que de acuerdo al art. 134 de la constitución provincial es el presidente nato de la legislatura. En el ámbito del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo existen los respectivos estatutos que regulan el ingreso, la carrera y los concursos que en cada caso se estipulan. En el Poder Legislativo la relaciones de naturaleza jurídico-política. ¿Qué significa esto? Simplemente que cuando un diputado termina su mandato, al igual que el vicegobernador, las personas de su plantel se van de Poder Legislativo sin que ello signifique arbitrariedad alguna, a tal punto que la resolución puede ser dictada por el secretario administrativo cotejando los legajos personales y notificando la medida que convengamos el destinatario conocía el desenlace desde su ingreso con el diputado o vicegobernador”.
Opino en esa línea que “caso contrario, si las personas que acompañan una gestión legislativa determinada y “deben” considerarse de planta permanente cuando el diputado se va tendríamos una Legislatura superpoblada, lo que no se compadecería con su finalidad”.
Planteo: “Hagamos un ejercicio de las personas que ingresaron desde 1983 hasta el presente, el número final sería superior al de los empleados municipales y del Poder Judicial, generándose una situación de privilegio que está reñida con la igualdad, la justicia y la solidaridad”.
Considero que “tienen el acceso a las acciones administrativas y judiciales que estimen pertinentes, pero por experiencia propia conozco la situación similar de los empleados de los concejos deliberantes y su naturaleza similar con los del poder legislativo”.
Para el profesional de las leyes “no existe persecución por pensar distinto, porque primero hay que pensar y después existir («cogito ergo sum»). Descartes se preocupó de resumir su proceso intelectual y filosófico que afirma que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón.” En síntesis concluyó Caraballo, parafraseando a Alberto Cortez que “Cuando un diputado se va, queda un espacio vacío…”.-
