Una férrea defensa a la protección ambiental que ejerce Formosa, sobre todo en leyes que consideran “ejemplar” en la tutela de espacios naturales en el territorio, fue realizada por destacados consultores y estudiosos ambientalistas, en particular de los bosques nativos y el cambio de uso del suelo producido en la región chaqueña en los últimos 35 años.
Jorge Adámoli, Sebastián Torrella y Rubén Ginzburg, aludieron coincidentes a las ultimas opiniones que se realizaron y basadas en análisis de Greenpeace cuestionando desmontes en el NEA en general y Formosa en particular, lo que para estos expertos es indicativo “del desconocimiento y/o mala fe con el que se manejan en relación con los bosques nativos. Explican las actuales inundaciones como consecuencia de la deforestación, siendo que las mismas son un proceso complejo, debido en primer lugar a las grandes lluvias”.
“Si bien se centran en Formosa, se mezcla los datos de otras provincias, sin dar la menor precisión, pero para darle un viso de credibilidad larga un número a nivel mundial. Presenta un único dato concreto (sin mencionar la fuente): de 23.000 hectáreas desmontadas en Formosa, 261 hectáreas estaban en zonas protegidas. O sea el 1,3 %. Esto equivale a decir que 98,7% cumplía con los requisitos”, exteriorizan.
Fueron categóricos al sostener que “la realidad muestra que Formosa tiene un Ordenamiento Territorial ejemplar, que no sólo cumple con los requisitos de la Ley Nacional, sino que como corresponde a una Ley de Presupuestos Mínimos, subió todos los umbrales, protegiendo no sólo a los bosques, sino a la totalidad de sus ambientes naturales, sin crear por ello dificultades al sector productivo. Esto se logró a través de amplios procesos participativos con lo que se logró adhesión de las principales organizaciones ambientalistas y de la producción”.
Señalan que “la información real omite decir que de las cuatro provincias mencionadas (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta) Formosa es de lejos la que menor superficie transformada total tiene, pero sobre todo que en comparación con las otras provincias, las irregularidades (detectadas y registradas en la Provincia) son ínfimas”.
Advierten que “se indica que los cauces de los ríos no están protegidos, siendo que en la realidad todos los cauces interiores y sus albardones están protegidos, así como 500 metros a lo largo de los ríos Bermejo y Pilcomayo. También dice que sólo existe protección de bosques donde están las casas de las comunidades indígenas”, contrastando en que “la realidad es que todas las comunidades tienen un perímetro de 500 metros en categoría amarilla, y que el 85 % de las comunidades están en la Zona Corredores, donde el máximo de cambio de uso permitido es de 20 %”.
Los expertos cuestionan que la opinión insista, como hace diez años en calificar al Ordenamiento Territorial de Formosa “como inconstitucional, con la particularidad de que en ningún momento explicaron en qué se basan. Ve al Ordenamiento Territorial de Formosa como una enorme mancha verde en la que se permite desmontar la totalidad de la superficie”. Expusieron que “durante una década se les explicó que en la mitad de la provincia (Zona Corredores), está protegido el 80 % de todos los bosques (90 % de los bosques altos) y de todos los otros ambientes naturales. En la otra mitad (Zona Central y Oriental, está protegido el 40 % de los bosques y de los demás ambientes naturales”.
Refutan finalmente la afirmación de una “inexistente “zona cero” cuyo significado sólo ellos conocen. Para terminar, mezclan menciones genéricas al cambio climático y al Niño. Finalmente, se ignora que con la reforma de la Ley de Ordenamiento Territorial (POTFor), Formosa incrementó la superficie de bosques protegidos en categoría roja en 113.653 hectáreas, y en 27.331 en categoría amarilla”.
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