Continúan siendo permanentes las consultas, reclamos y denuncias ante la Defensoría del Pueblo contra las empresas locales prestatarias del servicio de telefonía celular, como así también las de internet y de televisión por cable, tanto de capital como del interior provincial, advirtiendo que “todo siempre gira en torno a los altos precios que imponen de manera unilateral las antes citadas y en otros casos a la mala calidad del servicio de que se trate”.
El Ombudsman. José Leonardo Gialluca denunció que, a nivel normativo, “la Ley Argentina Digital sancionada en diciembre de 2014 estableció en el artículo 48 de su título sexto (Precios, tarifas y gravámenes) que los licenciatarios de Servicios de TIC –tecnologías de la información y las comunicaciones– fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables”. Cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.
A continuación, la norma mencionaba que las tarifas podrán ser reguladas por la autoridad de aplicación. Sin embargo, esa aclaración puntual fue eliminada de manera llamativa por el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) Nº 267, uno de los primeros firmados por Mauricio Macri, en enero de 2016”. Con esta decisión, el Gobierno Nacional -ató de pies y manos- al Estado pues aquel DNU vino a crear una nueva situación en la cual las Autoridades Federales no pueden intervenir en el precio de los servicios antes citados y lo más que pueden hacer es únicamente tener una actitud, -contemplativa-, “así el Gobierno Nacional se inhibió de intervenir en la fijación de tarifas de referencia”.
“Es por esto que hemos señalado al ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro lo que representaron los efectos del DNU Nº 267 y además le hemos solicitado que el actual mercado se ha convertido en oligopolios de firmas discriminadoras de precios, en donde cada una establece los valores para retener a los clientes, planes que van modificándose y lo que es peor, se viene dando una conducta negativa a dar de baja a aquellos usuarios que no quieren tener más un servicio de una empresa para cambiarse a otra”. Expone que “aquí empieza el calvario para los vecinos pues todas las firmas quieren retener sus clientes y no perderlos y para ello buscan mejorar las condiciones de ofertas, logrando en algunos casos que la gente se quede con ellos”.
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