Luego de la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación por parte del Presidente Mauricio Macri, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia señalaron que “evidentemente nos queda a todos los usuarios de la energía eléctrica el confiar en el Poder Judicial para poder así tener tarifas justas, razonables, no confiscatorias y que sean pagables por los trabajadores públicos y privados”.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca, señaló que “nadie entiende ni interpreta las afirmaciones de nuestro Señor Presidente al afirmar que: Nos hicieron creer que la energía no valía nada, entonces nadie la cuidaba”, fue el slogan con que el mandatario defendió su política energética encarecida en más de 1600 por ciento desde 2015”.
Expuso que “después de un proceso cultural estamos entendiendo que la energía vale”.Sostuvo que la población está “entendiendo que la energía vale” y consideró que esto fue parte de un “proceso cultural” iniciado en los últimos años y no por los tarifazos de más de 1600 por ciento aplicados por su gobierno.
Es que justamente la falta de una política pública nacional que comprenda a la energía eléctrica, hace que hoy exista una brecha muy grande e insalvable entre lo que afirma el Presidente de los Argentinos y lo que viven los usuarios de nuestra provincia que deben destinar más del 70% de sus ingresos para poder hacer frente a los tarifazos habilitados por la Secretaría de Energía de Nación. Evidentemente quienes deben asesorar técnicamente a nuestro primer mandatario o informarlo de lo que pasa en la realidad, no lo están haciendo o le están mintiendo, pues la inflación sigue subiendo, el desempleo se profundiza, no existe ningún índice en ningún sector de la producción o de la economía que no esté en rojo, siendo que únicamente los sectores financieros, los laboratorios, las empresas alimentarias, las petroleras gozan hoy de buena salud y el resto como las PyMEs, comerciantes, asalariados no pueden hacer frente al pago de las facturas de la energía eléctrica por los tarifazos irracionales e inconstitucionales que continúan poniendo en práctica el Gobierno Nacional y menos les alcanzan sus magros ingresos para cubrir sus necesidades básicas esenciales.
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