A través de una notificación remitida al secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, le expuso el formal rechazo a una campaña publicitaria de la referida esfera federal, en el entendimiento de que la misma es “falsa y pretende confundir a la ciudadanía formoseña”.
Le aclara el doctor González que se refiere al “spot publicitario” que fue difundido, compartido, comentado y replicado masivamente por diferentes medios de comunicación y redes sociales de uso intensivo en Internet (Facebook y Youtube, entre otros), y que textualmente en parte refiere: “si te quitaron la Tarifa Social de electricidad es por decisión del gobierno de Formosa y no del Gobierno Nacional”.
“Tal afirmación dista enormemente de la verdad por cuanto el Gobierno de la Provincia de Formosa no consintió ni firmo el Consenso Fiscal 2018, donde aparece la eliminación de la Tarifa Social Eléctrica, ni tampoco la misma fue ratificada por nuestra Legislatura Provincial”, aclara el ministro.
Alude que “en respeto a nuestra autonomía provincial, así como de los derechos de todos los formoseños, de poder contar con acceso a información pública y veraz, intimamos a usted y /o a los responsables de la redacción, elaboración y difusión de los comunicados de ese organismo, se sirvan rectificar por los mismos medíos lo manifestado en las publicaciones”. Incluso plantea que “en su defecto retirar el spot publicitario aludido y, todo otro comunicado oficial que vincule a la provincia de Formosa, y que no condiga con la veracidad e integridad de la información que se pretende suministrar de conformidad con los principios republicanos establecidos en nuestra Constitución Nacional, el régimen legal del Código Civil y ejercicio de la función pública”. Aclarando la referencia a la Ley de acceso a la información pública y el decreto en cuanto a los deberes que imponen a los funcionarios públicos.
Le advierte finalmente González que en caso de no cesar de inmediato de la “información falaz”, que se activaran las acciones legales tendientes a suprimir la conducta cuestionada, así como también la declaración de las responsabilidades correspondientes para la aplicación de las sanciones administrativas y/o penales que correspondan.
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