Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se informó que se celebró una reunión entre partes de un conflicto relacionado a la prestación del servicio de recolección de residuos biopatogénicos.
El Ombudsman Provincial, solicitó a las partes, la máxima responsabilidad que les cabe a cada una de ellas, en todo lo que se relaciona a la generación, recolección y disposición final de los residuos biopatogenicos, dado, “que se encuentra en juego nada más y nada menos que la salud de toda nuestra
comunidad y el ambiente que nos rodea”.
Luego de un extenso diálogo entre en las partes, Héctor Donato Di Biase en representación de la empresa -Recolectora del Norte SRL-, manifestó que así las cosas se acepta: * Para el periodo enero a junio de 2019 el incremento del 100% propuesto por las generadoras, calculado sobre la tarifa vigente en el mes de diciembre de 2018; y si de la aplicación de dicho incremento resultare para alguna generadora una obligación más onerosa de la que implicaría la aplicación del nuevo sistema tarifario establecido por la empresa, se estará a esta última. * En lo que respecta a los meses de julio a noviembre de 2019, regirá el “sistema tarifario por volumen”, con una bonificación del 50% para el caso de pagos sin mora, esto es dentro de los 10 días de emitida y presentada la facturación respectiva al generador. * En lo que respecta al mes de diciembre del año 2019 y cuyo servicio se abona en enero del año 2020, regirá el “sistema tarifario por volumen”, el que se incrementará una vez por año conforme al índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Se establece además que la revisión se hará siempre durante el mes de junio de cada año, calculándose los incrementos que correspondieren. * Asimismo, las partes convienen que dentro de los quince días corridos de celebrado este Acuerdo Marco, que las generadoras deberán cancelar los servicios no abonados correspondientes al mes de enero a abril del corriente año. * También se deja constancia que la nueva tarifa establecida por la empresa, “se calcula en base a la cantidad de bolsas efectivamente retiradas de cada una de las generadoras; es decir que el costo del servicio es directamente proporcional al volumen de residuos que cada generadora produce. A los efectos de determinar la cantidad de bolsas retiradas, en cada recolección se dejará constancia en un -Manifiesto-, que se confeccionará por duplicado y que deberá contener la firma de un Responsable designado por la generadora y de otro por parte de la recolectora donde se asentará la cantidad y tipo de bolsas retiradas”.
Por último, para el caso en que la generadora adeude un periodo mayor dentro del mismo plazo, deberá abonar los pagos atrasados o implementar un plan de pago con la actual empresa prestadora. Esta propuesta, será trasladada por los representantes de las asociaciones médicas a sus asociados, habiéndose fijado una nueva fecha de reunión a celebrarse el día miércoles 29 del corriente mes y año para definir un -acuerdo marco-,y así encontrar una solución definitiva a la problemática planteada, resaltándose la buena predisposición de ambas partes para resolver la cuestión, siempre en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, quien ha logrado, “la construcción del ámbito de diálogo necesario para encuadrar una situación contractual, cuyas consecuencias tienen efectos directos sobre toda nuestra sociedad”.
En dicha oportunidad, se hicieron presentes, en representación de la Sociedad Recolectora del Norte SRL, Teodoro Centurión y el administrador de la misma, Miguel Busaniche, siendo ambos asistidos por el letrado Héctor Donato Di Biase; en representación de -ACLISA-, su presidente Amador Palavecino y José Ismael González, quien lo hace también en representación de la Clínica Vrsalovic ,ambos asistidos por el doctor Pablo Nuñez Pividori y en representación de -APS- y el Sanatorio González Lelong, Emilio Pereira y Cira Gleria. Todos ellos fueron recibidos por el Defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca, el delegado de la Defensoría del Pueblo Nación en Formosa, Julio Nestor Santander, la Defensora Adjunta, Sylvina Portillo y la Asesora Legal, Carolina Ruiz Diaz.
