La Defensoría del Pueblo solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, que frente a los cortes de rutas nacionales que surcan nuestra Jurisdicción Provincial, se le ordene e instruya al Jefe de la Agrupación VI de la Gendarmería Nacional, comandante principal Enzo Duarte, despliegue las acciones pertinentes conforme a los Protocolos de -Actuación Vigentes-, y así garantizar el libre tránsito de las vías de comunicación, velando por la seguridad de las personas y sus bienes.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca, le advirtió a la actual ministra de Seguridad Federal que en estos días existen despliegues de distinta naturaleza y que se relacionan con el acto eleccionario que se llevará a cabo en nuestra provincia el próximo domingo 16 de junio y por lo cual no se pueden justificar, “cortes intermitentes o discontinuos” de rutas nacionales por las cuales se deben remitir materiales para los comicios citados y que por otra parte, dado que el actual Juez federal subrogante, Fernando Carbajal, llamativamente manifiesta que la Justicia Nacional únicamente debe intervenir luego de que Gendarmería Nacional lo haya hecho para deslindar así las responsabilidades civiles y penales que pudieran surgir de estos hechos ilícitos tipificados en nuestro CPA y siendo que de continuarse con este criterio, a su turno las Fuerzas Nacionales, nos señalan que requieren de una “autorización” de la ministra de Seguridad de la Nación,“quedando entonces todos los ciudadanos formoseños con una denegación de justicia manifiesta e inconcebible que raya con el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y además con la imposibilidad de ejercitar nuestros derechos de transitar libremente por las rutas nacionales de nuestra provincia”.
“Esto se ve agravado también para todos los sectores del comercio y de la producción del interior provincial que están sufriendo gravísimos inconvenientes” y aquí Gialluca añadió que “realmente no sabemos para qué está abierto entonces el Juzgado Federal de Formosa, teniendo en cuenta que ni al propio Fiscal Federal Dr. Luis Benítez, cuando pide que se ordene un desalojo no se le hace caso o lee otro Código Penal o Procesal que nosotros desconocemos”; quedando toda nuestra gente de trabajo con la imposibilidad de comercializar productos perecederos u otros”.
