El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca conjuntamente con el Ombudsman Provincial de Santa fe Raúl Lamberto, reiteraron su planteo de que los incrementos en el precio del gas envasado se definan con la participación de los usuarios, ya que afectan principalmente a los sectores de menores ingresos, que no cuentan con gas por red. Todo ello, fue tras la cuarta suba de este servicio en lo que va del año.
“En términos interanuales el aumento alcanza el 124 por ciento y en épocas de frío como las que estamos viviendo, en los hogares se utilizan al mes más de dos tubos de gas y además se debe tener en cuenta que en nuestra Jurisdicción, las bocas de expendio autorizadas y donde se vende al precio oficial al mostrador, siendo que en los barrios más alejados o localidades donde no llega Refsa Gas, los abusos y sobreprecios están a la orden del día a pesar del gran trabajo de fiscalización y control que lleva adelante la subsecretaría de Defensa del Usuario y Consumidor en toda nuestra jurisdicción”, expuso el Defensor del Pueblo.
Señaló que, mientras que los subsidios fueron incrementados en mucho menor medida, situación ésta que afecta principalmente a los sectores que carecen de gas por redes, especialmente a los más vulnerables, reiteró su propuesta de que este tipo de incrementos se discutan en Audiencia Pública, al considerar que se trata de un servicio básico para la calefacción, el aseo y la cocción de alimentos.
De acuerdo con la Resolución publicada en el Boletín Oficinal por la Secretaría de Energía de la Nación, el precio de la garrafa de gas aumenta a partir del 1º de julio aumenta un 3 por ciento y de esa manera, la garrafa de 10 kilos pasa a costar entre 343 y 350 pesos, y si se la pide a domicilio el total asciende a unos $450. En simultáneo se dispuso un incremento del Programa Hogar, subsidio para la compra de garrafas, de 174 a 183 pesos, monto absolutamente insuficiente en el actual contexto, económica y social de profunda crisis que vive nuestro país.
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