La auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa, brindó detalles del duro informe que la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de contralor del Poder Legislativo, aprobó cuestionando el manejo del fondo donde el Estado Nacional invierte la plata para las futuras jubilaciones.
El documento de la AGN critica la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en 2016, primer año del Gobierno de Mauricio Macri, por cuestiones que ya fueron judicializadas como las colocaciones en fondos comunes de inversión (FCI), los presuntos conflictos de interés y la venta de acciones de Petrobras a Pampa Energía, el grupo de Marcelo Mindlin, empresario que al año siguiente compró la constructora del primo del Presidente, Ángelo Calcaterra.
«Se trata de una auditoría de cumplimiento que se aprobó la semana pasada por consenso, con los votos de todos los auditores, donde lo que hace es ver si se está cumpliendo o no con las normas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad», expuso la licenciada De la Rosa.
Subrayó que «es muy importante el FGS porque estamos hablando de un fondo que es similar a las reservas del Banco Central, con lo cual es muy significativo su manejo, el que está en manos de quien está a cargo de la ANSeS (Emilio Basavilbaso) y después de los distintos comités que hay, ya que para tener un rendimiento de esos fondos hay que aplicarlos».
«Casi el 60% corresponde a bonos públicos, después hay un 15% de compra o de tenencia de acciones de distintas empresas que son muy importantes en la Argentina y digamos que hay gente que tiene que tratar de colocar o comprar acciones, deudas u obligaciones negociables de las empresas, comprarle al Estado Nacional, comprar bonos a las provincias, es decir, permanentemente hay un manejo de ese monto de dinero que es muchísimo», puntualizó.
En ese sentido, consignó De la Rosa que «lo que dice esta auditoría, que se trata del 2016, es que son varios casos, pero hay tres donde se da lo que nosotros llamamos un claro conflicto de intereses, ya que se trata de funcionarios que pasan de ser propietarios, dueños o accionistas de una empresa, por ejemplo, hasta diciembre de 2015, luego desde enero del 2016 se pasan ya sea como funcionarios de Hacienda o del propio ANSeS o FGS y se recompran sus propias acciones o títulos».
En concreto, marcó que «es como estar de los dos lados del mostrador», apuntando que «hay tres casos que son emblemáticos».
Conflicto de intereses
Cabe señalar que la AGN observó que «los fondos Axis Ahorro Plus -que había pertenecido a Luis Caputo hasta que se desligó de él al asumir en el Gobierno en 2015-, Gainvest Renta Fija, Megainver Renta Fija y Superfondo Equilibrado B estaban integrados en más de un 99% por títulos públicos que en su mayoría correspondía a Letras del Banco Central (Lebac) y que el FGS tenía una participación significativa en el patrimonio neto de cada uno de ellos, en algunos casos siendo el único cuotapartista».
La Auditoría también cuestionó que el fondo de la ANSES suscribiera deuda de Cablevisión, del Grupo Clarín, y Arcor, la empresa que preside Luis Pagani. El organismo sostiene que la decisión “fue firmada entre otros, por el (entonces) subdirector de operación del FGS”, Luis María Blaquier, que había desempeñado “cargos directivos en ambas empresas hasta diciembre de 2015, momento en el cual renunció para cumplir con sus funciones” en la ANSES. «No se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia que se interpretaría como un conflicto de intereses», según la ley de ética pública y los principios del FGS, según la AGN.
«Se trata de conflictos de intereses, no se puede estar de los dos lados del mostrador; no lo decimos nosotros, sólo estamos evaluando el cumplimiento de la Ley de Ética Pública», remarcó De la Rosa.
Hizo notar que «el informe es fuerte porque creo que es increíble. Es algo que no debe ocurrir en los años siguientes. No puede ser que el dueño de una empresa a diciembre de 2015 en enero de 2016 esté tomando decisiones sobre su ex empresa o no -quizás sigue siéndolo- como funcionario y nadie dice nada, pero es un delito».
«Ya remitimos toda la documentación a los Juzgados que nos la han pedido, que son muchos, y seguramente va a ser la Justicia la que va a decir si es un delito o no porque es lógico que hay un conflicto intereses, no se puede hacer eso -aseveró-. Pero será la Justicia la que determine en qué causas, cómo y cuál es la pérdida que ha tenido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o el dinero de los jubilados», concluyó.
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