El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, brindó detalles de la nueva metodología establecida que deben seguir quienes deseen “volver a casa”, emitida por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior. Este nuevo procedimiento que posibilita el regreso a su residencia habitual de las personas conlleva que sean las Provincias quienes soliciten a la Nación la correspondiente habilitación.
La Resolución Conjunta 3/2020 considera que “es dable la implementación de un procedimiento articulado con las jurisdicciones locales, que permita que éstas recaben la información y presten la debida conformidad para el traslado de personas a sus residencias emplazadas en su ámbito, para la debida ponderación sanitaria de la medida en cuestión”.
Además, especifica que “la coordinación entre las autoridades competentes de las diferentes jurisdicciones coadyuvará al cumplimiento del objetivo señalado, simplificando los trámites a realizar por los solicitantes y limitando la circulación vehicular a casos especialmente autorizados, sin poner en peligro los esquemas implementados para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19”.
El ministro González informó el nuevo procedimiento durante la conferencia de prensa de este viernes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que explicó que la Resolución Conjunta tiene el objetivo de que los argentinos varados en otras provincias regresen a la suya pero, “tiene una particularidad, no es la persona quien debe realizar la gestión para obtener el certificado del Estado nacional sino ante la provincia y es ésta quien informa al Estado nacional que tales personas están habilitadas para el regreso a casa”.
“Todos tienen el derecho de regresar a casa”
“Hay una conjunción de lo que nosotros habíamos planteado al Estado Nacional en su momento, por lo que estamos de acuerdo en que todos tienen el derecho de regresar a su casa, eso está fuera de toda discusión”, subrayó el titular de la cartera de gobierno.
En este sentido, el funcionario sostuvo que la resolución anterior generó que ingresaran muchas personas en poco tiempo, lo cual dificultó el control de las mismas en cada domicilio particular. Esto motivó que se tomara la decisión, desde el 21 de abril, de establecer los centros preventivos para el aislamiento obligatorio de quienes ingresen al territorio provincial con intenciones de quedarse.
“Con el Ministerio del Interior hablamos y llegamos al acuerdo que hoy se plasma en esta resolución en el cual las provincias somos las que vamos a solicitar la habilitación de tales o cuales personas; eso nos permite conjugar el trabajo que venimos realizando de tomar las solicitudes de las personas que quieren venir con el certificado nacional de circulación por el resto del país”, explicó el ministro.
Jorge González celebró que “existe mucho diálogo” con el gobierno nacional para solucionar este tipo de cuestiones si bien lamentó que “no tuvimos la misma oportunidad con la autoridad que acaba de salir de la ANSES” porque aún no se pusieron de acuerdo para llevar adelante el pago de la IFE que “nos parece sumamente justo pero que como está planteado, en este momento es problemático”.
“La salud pública de los formoseños está por encima de los partidos políticos”
Por otro lado, el ministro González describió cómo es el funcionamiento del Consejo encargado de tomar las decisiones políticas para este contexto de emergencia, a raíz de una carta que presentó un senador nacional (Luis Naidenoff) de la oposición al gobernador Gildo Insfrán, donde recomendó una serie de medidas que a su criterio son acertadas para la provincia.
“El consejo creado por decreto del Poder Ejecutivo realizó un pacto con el pueblo de Formosa, este ámbito del parte informativo diario es el único canal de comunicación oficial que nosotros brindamos y la información que leemos es científicamente validada”, subrayó el funcionario y, además, remarcó: “Nosotros no estamos haciendo política sino política sanitaria que es integral, no segmentada al aspecto médico, sino un conjunto de políticas que confluyen para la mejor atención de esta situación”.
Por tal motivo, aseguró que como provincia “nos vamos a manejar estrictamente con los más altos parámetros de calidad que fije el Ministerio de Salud de la Nación” y ahondó un poco más, al resaltar: “Somos muy respetuosos de las opiniones y aportes que realicen todos los ciudadanos, por lo tanto no vamos a hacer ninguna apreciación subjetiva respecto de qué puede decir o nó una persona, porque existe la libertad de que lo diga”.
Y aclaró: “Esto no es un comité, porque según la Real Academia Española (RAE), un comité es un órgano dirigente de un partido político y nosotros estamos más allá de esa situación, es una cuestión de Estado. Cuando las cuestiones son así, como la salud pública de los formoseños, estamos por encima de los partidos políticos. La verdad es que en este momento quedarnos en esa situación chiquita me parece de una mezquindad importante”.
En esa línea, el funcionario fundamentó: “Esto es un consejo porque es un órgano colegiado con la función de asesorar, administrar o dirigir, en este caso una situación especial de emergencia” y añadió: “Por eso, el organismo que se crea en esta emergencia es “Consejo de Atención” porque debemos estar sobre la situación de manera inmediata y dinámica, pero es “integral” porque como señalábamos no es solamente una crisis sanitaria, ésa es una de las aristas, pero es mucho más amplio”.
Por último, consultado sobre la posible prisión domiciliaria de personas privadas de su libertad en la provincia, González resaltó que el Poder Ejecutivo “no dispone ni la detención ni la libertad de las personas”, sino que es una facultad exclusiva del Poder Judicial.
“No vamos a estigmatizar a ningún sector de la sociedad ni a ninguna persona, el virus del COVID- 19, como cualquier virus, no distingue el sexo ni sector social ni situación económica ni creencia religiosa ni estado civil ni club de futbol”, finalizó.
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