El subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Dr. Hugo Bay, se manifestó públicamente sobre uno de los escándalos que atraviesa la política nacional y tiene a la Justicia federal investigando: las escuchas ilegales del gobierno de Mauricio Macri que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia (AFI ), que encabezó Gustavo Arribas, una de las personas más cercanas al expresidente.
Para Bay, las escuchas de la gestión anterior a dirigentes de las propias filas de Cambiemos, del kirchnerismo, del peronismo de diferentes provincias, periodistas argentinos y extranjeros, curas cercanos al papa Francisco y empresarios, traerá “consecuencias desde lo institucional y dentro de las filas de la coalición Cambiemos, porque es inconcebible que se permita esto en democracia, se trata de un sistema montado desde el Estado, ejerciendo un espionaje”, argumentó el funcionario.
“Esta situación ubica a la gestión del expresidente a un aparato semejante al del terrorismo de Estado, metiéndose en la vida, en los pensamientos e ideologías de los ciudadanos”, remarcó Bay.
Además, el subsecretario repudió que el hecho no haya tomado mayor relevancia ante los medios masivos de comunicación, llamados “hegemónicos”, como Clarín, La Nación, Todo Noticias, “que tanto se ocupan del oficialismo y que casi no han hecho mención a lo ocurrido, siendo que fue el día del periodista y hay más de 400 periodistas en la lista de espiados; por suerte existen otros medios que visibilizaron lo sucedido”.
En este sentido, Bay aseguró que Mauricio Macri actúa bajo un mecanismo “patológico” y recordó que en el año 2015, asumió la presidencia de la Argentina estando procesado en otra causa de escuchas ilegales, “estamos en presencia de algo patológico y de un mecanismo de absoluta perversidad, ya no es una novedad su actuar”.
El fiscal federal Jorge Di Lello es quien abrió la investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri y al ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas. La nómina, incluye a más de mil personas que fueron espiadas sin orden judicial durante los cuatro años del gobierno de Macri.
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