Además, aseveró que esta propuesta de cambio en las estructuras del Poder Judicial Federal mejorará la administración de justicia en todo el país.
El senador nacional por Formosa, y presidente del bloque Frente de Todos, José Miguel Ángel Mayans, dialogó con AGENFOR y explicó de qué se trata el proyecto para reformar la Justicia Federal, que ya tiene dictamen de la mayoría en la cámara alta del Congreso de la Nación.
“Es una reforma profundamente federal porque mejora la inversión en los servicios de justicia en todo el país”, indicó.
Y sostuvo que la provincia de Formosa no será la excepción, ya que en Clorinda existe un Juzgado Federal multifuero, y en Capital, hay dos más; pero con dicha reforma la segunda ciudad contará con un Juzgado Penal y en Formosa habrá dos más del mismo fuero, y una Cámara de Apelaciones Federal, porque en la actualidad, “tenemos que ir a litigar en la del Chaco”.
“Cuando recibimos el proyecto, lo primero que hice como presidente del bloque fue solicitar a cada senador la visión que tiene sobre la prestación de justicia de sus Estados provinciales, cada uno aportó la idea de cómo mejorar el servicio de justicia y eso es lo que volcamos al proyecto porque de lo que vendría a ser la Justicia Federal, hay 16 provincias que tienen Cámara y el resto no”, argumentó.
En ese sentido, el legislador anticipó que, en principio, se apuntó a que cada provincia cuente con una Cámara de Apelaciones para completar el “cuadro de servicio de justicia” en todo el país.
Además, Mayans declaró que “tenemos una manda constitucional” que es el traspaso de la justicia que no es de competencia federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, con la reforma de 1994, pasó a ser una ciudad autónoma que tiene la posibilidad de elegir sus propios jefes de gobierno y legisladores pero “lo que faltaba era el tema judicial”, ya que en su esquema “necesitan el traspaso por parte de la Nación para que estén completos los tres poderes”.
También se amplían los Tribunales Orales y las Cámaras de Apelaciones, lo que conllevará al aumento proporcional de operadores correspondientes al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Los ocupantes de estos futuros cargos son elegidos, en primer lugar, por el Consejo de la Magistratura, quienes elevan los candidatos al Poder Ejecutivo, que será el encargado de seleccionar uno y enviar el pliego al Senado para lograr su acuerdo. Este sistema se replica tanto para las Cámaras de apelaciones, Tribunales Orales y demás juzgados inferiores.
“Además, para cambiar el número de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenemos que tener el consentimiento de la oposición porque necesitamos dos tercios, sin esto no se puede cambiar ni proponer los números de estos jueces. Tampoco se puede hacer con el Consejo de la Magistratura porque la Constitución establece claramente que tiene que haber mayoría absoluta de ambas cámaras, que el oficialismo no tiene en diputados”, aclaró.
Y relató que el presidente Fernández expresó su preocupación por el funcionamiento de la Corte y del Consejo de la Magistratura “que debemos mejorar”, para lo cual conformó una comisión para asesorarlo y dialogar con la oposición “de qué vamos a hacer con el Poder Judicial de la Nación, o qué ideas tienen para mejorarlo”.
Por otro lado, el senador remarcó que avanzaron en el presupuesto, que equivale al 1% del presupuesto nacional y un 20% del presupuesto del Poder Judicial, es decir, que “es mínimo con respecto a la lucha que queremos encarar, contra el narcotráfico, la trata, todos los delitos de competencia federal”, porque la tarea que realizan en los juzgados, las Cámaras y los Tribunales, que son específicos del aspecto penal, mejora el funcionamiento con respecto al sistema federal de justicia.
“El otro tema que se habló mucho es del artículo 14 del proyecto, decían que se buscaba la impunidad de Cristina en las causas; en realidad dicho el artículo dice que las causas quedan en los juzgados en la instancia que estén, sea primera, segunda o tercera y obviamente respetando la visión del juez natural que establece la Constitución en el artículo 18”, manifestó.
En ese marco, el entendido expresó que, al contrario de lo que dijo la oposición, “este es un proyecto que tiene mayor transparencia, porque los sorteos se hacen públicos, filmados, no como pasaba el año pasado donde todas las causas iban a parar al juez Bonadío”; y que “nosotros hacemos la ley, pero la aplicación la tiene el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y los Ministerios Públicos” (Fiscal y de la Defensa).
“Así que es un proyecto que mejora el servicio de Justicia Federal, la inversión y da transparencia al trabajo de la justicia, hace una mejor tarea en el sentido de que hay más recursos humanos”, remarcó.
Y agregó: “Se crean un poco más de 300 cargos, en total con lo que está designado por el Senado son más de 500, pero si uno distribuye eso en 24 provincias, hablamos de 4 cargos por provincia, lo cual es nada para la inversión que se hace para luchar contra estos flagelos que vulneran la seguridad de los Estados”.
Por último, aseguró que “la oposición se opone por oponerse” porque “el que lee el proyecto se da cuenta que todas las cosas que dijeron del Consejo, de la Corte Suprema, de la inversión, de la impunidad y de la aplicación de los cargos, no tiene fundamentos”.
“Es un trabajo que debemos hacerlo entre todos, hay sectores de la oposición, como el gobernador de Corrientes que dijo que la reforma es positiva y está de acuerdo con tratarlo”, concluyó.
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