Por “manifiestamente improcedente” el Consejo de la Magistratura de la provincia desestimó un pedido de la diputada Silvia Andraus Mateo al presidente del Superior Tribunal de Justicia para que se revea la terna elevada a la Legislatura para la cobertura de uno de los cargos vacantes en el Tribunal de Familia de Formosa.
En su presentación, la legisladora pidió al titular de la Corte Provincial que haga llegar al Consejo de la Magistratura copia de su nota donde cuestionaba la integración de uno de los postulantes con fundamento en la existencia de un expediente por violencia de géneroante el Tribunal de Familia.
Al resolver la cuestión, el Consejo de la Magistratura hizo notar el error en el que incurrió la diputada al dirigirse al presidente del STJ, indicando que esto hubiera merecido un rechazo “in limine” por su evidente desconocimiento del carácter constitucional que tiene ese cuerpo colegiado, claramente separado del Superior Tribunal.
En la misma línea, también adviertió que la diputada pidió al Consejo de la Magistratura información de la referida terna, cuando legalmente debió haberse dirigido a la Legislatura, cayendo así en un nuevo error por no recurrir a las instancias y en la forma prevista por la ley y el reglamento, toda vez que el Consejo no tiene competencia para revisar un pliego que ya fue enviado a Diputados.
Desacertado y sin fundamento
No obstante ello, el Consejo fue más allá en su análisis y recordó que la elección de una terna prevé pasos previos yrigurosos exámenes de oposición, antecedentes y entrevistas personales donde se evalúan los perfiles psicológicos de los postulantes. “Esto impide una revisión como la que pretende la legisladora con el pretexto de que el Consejo pasó por alto antecedentes personales de uno de los postulantes”, afirmó el organismo constitucional, señalando en tal sentido que los consejeros tuvieron acceso a los antecedentes referidos por la diputada porque fue el mismo postulante quien presentó copia de las actuaciones en debida forma; “expediente judicial -reveló- que pasó a archivo después de desestimarse la supuesta violencia alegada -previo exámenes psicológicos a las partes actuantes- y no encontrándose mérito para su continuación, dado los resultados de los exámenes realizados”.
Asimismo, aclara la resolución que esto no significa de modo alguno que los consejeros deban rendir cuentas ante la Legislatura en lo que refiere a los exámenes de los postulantes remitidos en terna, máxime cuando las etapas exigen no sólo de la probada solvencia técnica de los mismos sino también del perfil necesario para el desempeño del cargo a cubrirse.
“No parece acertado ni mesurado, desde el punto de vista de la confianza en las instituciones, menos si es solicitada por un legislador, que se cuestione sin fundamento a un postulante después de haber transcurrido el proceso de selección, solo ante la supuesta existencia de hechos de violencia que no tuvieron andamiento, sino por el daño que se provoca a los postulantes, máxime si estos son funcionarios judiciales y magistrados lo que puede tornarlo en irreversible”, enfatiza el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura.
El voto de los consejeros que dio fundamento a la resolución hace hincapié en el carácter estricto y riguroso que tienen los procesos de selecciones de los postulantes para ser designados magistrados y funcionarios del Poder Judicial, donde incluso la sociedad tiene oportunidad de participar objetando la participación de alguno de los aspirantes, cuestión que no ha ocurrido en este caso.
En este contexto, los consejeros coincidieron en señalar que la presentación de la diputada avasalla el sistema republicano y representativo, porque bajo la invocación de un supuesto pedido de informe lo que está solicitando en definitiva es la revisión de una terna, inmiscuyéndose en poderes y facultades de otro órgano constitucional.
Tras calificar de “extrema gravedad institucional” este tipo de presentaciones, sin asidero alguno que afecta de manera directa al organismo constitucional, los consejeros fustigaron la falta de responsabilidad de la diputada en el cumplimiento de su cargo, quien obró “sin los mínimos recaudos y sin verificar los antecedentes de la causa, con el propósito de causar un impacto social para sacar réditos, encaramada en una supuesta adhesión a un tema tan delicado como es la violencia de género, que debe ser contrarrestado con un mensaje riguroso y aleccionador”.
Del mismo modo, reprocharon la intención que tuvo la legisladora de perjudicar de manera mediática la honorabilidad de una persona estigmatizándolo bajo la tipificación de violencia de género, tirando por la borda años de estudios, de preparación y de experiencia que tiene el profesional, de un curriculum sin falta alguna, ocasionando un perjuicio “inconmensurable no solo a los Poderes representados sino mucho más al postulante”.
La resolución del Consejo deja en evidencia la mala utilización de un tema tan delicado como lo es la violencia de género y ratifica la correcta actuación del organismo en la inscripción y selección de los postulantes para la terna, dejando además un mensaje claro de la división de Poderes, en cuyo contexto el Consejo no tolera una intromisión en sus facultades legales y constitucionales.
La resolución tiene los argumentos coincidentes de los consejeros Carmen Edith Notario, Horacio Roglan, Stella Maris Zabala de Copes, Rodrigo Emmanuel Vera, Yanina Insfrán, Jorge Abel Gonzálezy Marcos Bruno Quinteros, en tanto el diputado Adrián Malgarini alegó puntualmente que correspondía rechazar el pedido porque la competencia del Consejo se había agotado con la remisión de la terna a la Legislatura. El procurador General Sergio López no emitió opinión porque se encuentra de licencia por el fallecimiento de su madre.
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