En conferencia de prensa vespertina, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID19 brindó precisiones sobre el informe presentado a la Corte Suprema de la Nación, en cumplimiento de la medida cautelar que ordenó el 19 de noviembre el ingreso de las personas que se encontraban inscriptas a ese momento a la provincia cumpliendo los protocolos necesarios, en el término de 15 días hábiles.
La información, fue entregada a la Corte, por la Fiscal de Estado de la provincia, en tiempo y forma.
En ese sentido se indicó que a esa fecha, había 8321 inscriptos, pero tras iniciarse los contactos, la cifra trepó a 8876 personas, teniendo en cuenta que algunas familias no habían inscripto a todos sus miembros en la solicitud.
De ellas, tenían domicilio en la provincia, 3909 personas y 4967 lo tenían fuera de Formosa, de acuerdo al cruce de datos del Registro Nacional de las Personas.
Según lo informado por el ministro de Gobierno, Jorge González, aceptaron ingresar 3126 personas (35%), un total de 3980 lo rechazaron (45%), y no respondieron a los llamados del equipo de voluntarios 1480 solicitantes (17%). Además, un total de 290 personas bajaron su inscripción por distintos motivos lo que representa un 3% del total.
Al desagregar el apartado de personas que decidieron ingresar a la provincia, se informa que 2975 lo hicieron, alojándose en un Centro de Alojamiento Preventivo (CAP) que fuera preparado por el gobierno provincial, mientras que 102 personas optaron por alojarse en un hotel, pagando su estadía.
Al momento del informe a la CSJN, 49 personas debieron reprogramar su ingreso a Formosa, por haber dado positivo el examen de PCR exigido para ingresar.
En cuanto a las 3980 personas que rechazaron el ingreso, se informó que esgrimieron distintos motivos, a saber: problemas económicos (17%), falta de movilidad (7,9%), el plazo de ingreso fue corto (36,4%), no contar con los requisitos sanitarios –PCR- (0,4%). Entre las razones figuran además no querer hacer la cuarentena obligatoria (3,2%), otros motivos (2,8%), no explican las razones (16,6%) y no desea ingresar a la provincia (15,5%).
“Del grupo de personas que argumentaron que el plazo fue corto trabajamos mucho con ellos, 1448 personas, se establecieron muchas comunicaciones y de ese 36%, ya con el 76% (1.200 personas) hemos resuelto el ingreso con posterioridad al 14 de diciembre” explicó González en declaraciones que recogió Agenfor.
Baja de solicitudes
Indicó el funcionario que se dio la baja de solicitudes al detectarse presuntas irregularidades, como por ejemplo 195 personas que nunca salieron de la provincia y se inscribieron en el registro para ingresar a la provincia.
Tras precisar que estas supuestas irregularidades fueron puestas a disposición de la justicia para que continúe la investigación, comentó González que se detectaron casos de personas que respondían a los llamados de los voluntarios manifestando no tener interés en ingresar a Formosa, pero que sin embargo alguna infracción al DNU vigente, lo mostraba viviendo en la provincia.
En ese sentido, comentó que “95 personas nos dijeron que querían bajarse de la solicitud, en total son 290 personas las que estaban en este rubro de baja de solicitud” remarcó.
En este marco, se explicó que aceptaron ingresar a la provincia 3126 personas pero lo hicieron efectivamente 2774, la diferencia de 352 personas está en aquellas cuyo PCR arrojó resultado positivo, aguardando una nueva fecha de ingreso. Además, 303 personas, con las que se coordinó una nueva fecha de ingreso, posterior al 14 de diciembre, fecha límite que puso la Corte.
Más inscripciones
Después del 19 de noviembre hubo 3275 personas que solicitaron su inscripción para ingresar a la provincia. Ya ingresaron 758 personas, mientras que 295 trabajadores esenciales, también lo hicieron, totalizando 1053 personas.
“Hasta la fecha se tomó contacto con 12.275 personas inscriptas, eso debe multiplicarse por tres comunicaciones con cada una de ellas, para darnos cuenta de la magnitud de trabajo que se hace” indicó González.
Destacó González que la provincia cumplió con lo ordenado por la Corte más allá del corto plazo otorgado, lo que implicó una logística contra reloj para el armado de más Centros de Alojamiento Preventivo, con camas, colchones, además de organizar la cuestión sanitaria para cumplir con los protocolos.
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