El subsecretario de Recursos Naturales de la Provincia, Ordenamiento y Calidad Hugo Bay comunicó que la ley de Educación Ambiental Integral fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Nación.
El proyecto -aprobado con el voto afirmativo de los 58 legisladores presentes- pretende que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente; el respeto y valor de la biodiversidad; la equidad; el reconocimiento de la diversidad cultural; el cuidado del patrimonio natural y cultural; y el ejercicio del derecho a un ambiente sano.
En contacto con Agenfor dijo que “con esta ley queremos mejorar nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente”.
Señaló que era una deuda pendiente desde el año 2002, respecto a la ley 25.675 que plantea el hecho de que la educación ambiental es uno de los principales instrumentos para la política y la gestión ambiental.
Informó que la legislación establece la incorporación de los contenidos ambientales a la educación formal, en los diferentes niveles educativos, los cuáles serán coordinados entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación.
Destacó que “el objetivo principal es promover la concientización en la sociedad, sobre el cuidado del medio ambiente, como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional”.
Además, mencionó que la ley contempla que mejor manera de plantear la ecología, los sistemas naturales y la conservación del mismo, se debe tener en cuenta los aspectos sociales, culturales, históricos y productivos de cada región del país.
Qué propone la nueva ley
La iniciativa crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) como “principal instrumento de la política de educación ambiental en todo el territorio nacional”.
Sus objetivos son promover la elaboración y el desarrollo de la ENEAI y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAI); elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educación ambiental integral; alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades.
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