Este miércoles 14 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió levantar las medidas cautelares sobre las mujeres indígenas embarazadas de Formosa, que supuestamente “se escondían en el monte por miedo a ser separadas de sus bebés”, desmintiendo de esta manera la operación mediática realizada por un medio nacional.
En este contexto, el procurador general del Poder Judicial de Formosa, el doctor Sergio López, explicó sobre el trabajo de investigación realizado en torno a este informe, determinando finalmente que se trataba de una “falsa noticia”.
“Era cuestión de tiempo y trabajo clarificar esta situación”, expresó a AGENFOR.
Expuso que Félix Díaz y Santiago Cantón,exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, se “aventuraron a presentar una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, que debía supervisar el cumplimiento de DDHH y “otorgar medidas cautelares en situaciones graves y urgentes, necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas” precisó.
Sostuvo categórico que el tema merece ser tratado con mucha seriedad, ya que al ser de mucha sensibilidad es importante que la ciudadanía quede clarificada sobre el dictado de estas medidas cautelares que la Comisión por unanimidad de sus miembros decidió levantarlas en meses, resaltando que “lleva años de trabajo lograr que ante una medida cautelar se levante la misma”.
Por eso, manifestó que los denunciantes han participado de una gran mentira, ya que si “lo que los motivaba era representar legítimamente supuestos Derechos Humanos desconocidos, ellos debían hacerlo con la responsabilidad que caracteriza a cualquier persona de bien”, afirmó.
Además especificó que la Comisión, con los hechos alegados, estableció solamente a siete mujeres, alejándose de esas supuestas 86 que se presentaban como “aterradas y escondidas en el monte”, denunciadas desde el principio ante ese organismo, remarcó.
En este sentido, el doctor López, quien participó de la tarea investigativa, destacó que a tan sólo 24 horas de darse a conocer el informe televisivo ya se pudo detectar la gran mentira, porque los propios miembros de las comunidades comentaron que todo había sido armado.
A partir de las pruebas que involucraban a las distintas autoridades civiles del lugar y toda la provincia, se estableció la falsedad, quedando clarificado que todas las mujeres gestantes de estas comunidades indígenas se encontraban registradas en el sistema de salud, recibiendo todas las atenciones médicas necesarias.
Pudieron también dar cuenta de los ofrecimientos económicos que les realizaron a esas mujeres, quienes en sus testimonios dejaron en claro que lo rechazaron, molestas por la situación en la que les pedían que mientan y se hagan pasar por embarazadas, certificó.
Además manifestó que se trató de un trabajo en conjunto con Gendarmería Nacional y distintos referentes aborígenes que acompañaron a las autoridades judiciales, concluyendo el 30 de marzo, solicitando el análisis de pruebas y avanzar en la resolución.
Finalmente, muchas declaraciones de arrepentimiento por parte de los propios integrantes hicieron que se pueda desestimar la situación, estableciendo las razones que movilizaron a los que operaron y mintieron.
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