Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantara las medidas cautelares otorgadas tras desmentir un informe de El Trece y TN en Formosa, la fiscal de Estado, la doctora Stella Maris Zabala, indicó que se evalúa accionar contra los responsables, ya que “el daño ocasionado será motivo de las actuaciones que correspondan”.
En declaraciones a AGENFOR, destacó que “la provincia de Formosa hizo toda una tarea de investigación para ver a quiénes supuestamente se referían” en el envío televisivo y “se produjo el informe exhaustivo y meduloso sobre cada uno de los siete casos identificados”.
“Cuando la CIDH sacó su pronunciamiento hace dos días y levantó las medidas cautelares, destacó en forma expresa el desafío que tuvo la provincia para tener que brindar información con la escasa prueba que se brindó, prácticamente nula”, subrayó.
En ese sentido, remarcó que el organismo internacional “dio las medidas cautelares por lo que le dijeron”, sin embargo, las levantó debido a “todas las probanzas que brindó la provincia”, acentuando que si la Comisión no hubiera contado con dicha información veraz “no las levantaría”.
Categórica, la fiscal de Estado rechazó las versiones que plantean ahora los medios monopólicos porteños, que califican a la resolución de la CIDH como “un relato K”.
“De ninguna manera esto es así, porque la propia Comisión explicita las pruebas que brindó la provincia. Cómo cada situación fue analizada con informes médicos, con detalles de cada una, lugares donde fueron atendidos los partos, programas que se emplean, entre otros”, pormenorizó.
Y agregó: “Como si fuera poco, la Comisión dice que estas personas tienen garantizada la salud y su protección”, a lo cual se suma que además rechazó seis nuevas presentaciones que se pretendieron hacer, ya que el tema había quedado dilucidado.
Del mismo modo, Zabala desestimó que la resolución de la CIDH esté “influenciada” por la documentación que presentara el Estado provincial. “¿Se puede ignorar cómo es el trámite?”, indagó la funcionaria, explicando que “cuando uno va a un organismo internacional y hace una denuncia contra un Estado, el que debe informar obviamente es el Estado Nacional y el provincial, porque es al que se le imputan los hechos”.
Pruebas
“Ya es hora de que se reconozca definitivamente que todo esto fue armado”, enfatizó tajante, reiterando que “no hay una sola prueba contundente y no lo dice la Fiscalía de Estado, el Gobierno provincial o el Estado Nacional, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando al levantar las cautelares dice que había precariedad en lo que se ofreció y las pruebas que se pretendieron hacer valer”.
Además, “tuvieron todas las oportunidades de hacerlo”, puesto que “en cada presentación que hizo la provincia tuvieron intervención como para poder explicitar lo que se consideraba que era necesario”.
No obstante, sucedió todo lo contrario, ya que “la Comisión reconoce el esfuerzo que hubo que hacer para poder explicar lo que se pretendía, cuando no se daba ningún tipo de elemento realmente de peso”.
“La CIDH valoró cada una de las cosas y lo hizo con absoluta libertad”, significó a esta Agencia, con lo cual “no se puede decir que tenga una mirada favorable” hacia la provincia de Formosa.
Consecuencias
Sobre si el Estado provincial accionará contra los responsables del montaje periodístico, indicó: “La Justicia está actuando en esto, estamos esperando ver cuál va a ser su decisión. Estudiamos qué vamos a hacer, porque el daño ocasionado será motivo de las actuaciones que correspondan”.
“Los tiempos judiciales son lentos, por lo que es importante que de la misma forma que mediáticamente se explicitó todo esto, también se sepa lo otro”, robusteció, al explicar que “las noticias tienen un impacto mediático y después van desapareciendo, pero el daño causado es muy grande por la influencia que tienen los medios nacionales. El daño contra Formosa se produjo y se hizo. Entonces, hay que difundir todo esto también”.
Carbajal
Por último, respecto de la posible postulación a la diputación nacional por Formosa desde Juntos por el Cambio (JxC) del exjuez federal Fernando Carbajal, la doctora Zabala dio su opinión personal: “Cuanto menos, me parece una falta absoluta de ética”.
Se trata, dijo, de “una persona que nosotros recusábamos porque dudábamos de la imparcialidad que tuviera, más aún después de haber expresado que no se sentía en condiciones morales de ejercer la función judicial, a los 10 días volvió y la Cámara lo permitió”.
“Hay que esperar al 24 de julio (fecha límite para la presentación de los precandidatos), pero si esto llegara a ser así, me parece una falta de ética”, concluyó.
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