En la sesión especial que se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación se trataron temas que no revistieron diferencias entre oficialismo y oposición. Dentro del temario, los diputados nacionales dieron media sanción, con 232 votos afirmativos, a la prórroga del régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que es la modificación de la ley 27.453 conocida como la “Ley Barrios Populares” para generar condiciones dignas y de calidad en aquellos barrios que requieren de una transformación profunda por parte del Estado.
Precisamente ese es el tema que activó la sesión de este miércoles, pues la norma aprobada en 2018 puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual urgía la aprobación de la prórroga.
En su momento, la ley 27.453 declaró de interés público al régimen de integración socio-urbano de los barrios populares identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) suspendió los desalojos por cuatro años, previamente lo declaró de utilidad pública y facultó la creación de un fideicomiso.
Así lo señaló el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, al señalar que en el 2016 se realizó el RENABAP que reconoció la existencia de los barrios populares mediante el Decreto 358/2017 y se sancionó la ley en octubre de 2018, creando un fondo a través de un fideicomiso.
“Ese fondo se compone del 9% del impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, Impuesto país y con el 15% del aporte solidario extraordinario que se sancionó a las grandes fortunas.” Agregó: “Esto significa que contó con los recursos necesarios para implementar la transformación y la integración urbana, la vivienda, el plan Mi Pieza (170.000 mujeres fueron seleccionadas) y la inversión de 38.000 millones de pesos en las 23 provincias y CABA”.
La modificación propuesta en la HCDN, planteó ampliar de 4416 barrios a 5687; prorrogar la suspensión de los desalojos 10 años, como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda; declarar la emergencia socio sanitaria y ambiental por un plazo de dos años; incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de la vivienda y definir una asignación específica al destino de los fondos.
En ese sentido, Fernández Patri afirmó: “Se trata de una política pública, donde el fideicomiso que está creado debe continuar para profundizar estas medidas y que las mismas sean consideradas dignas y de calidad para cientos y miles de familias argentinas”.
En segundo lugar, los legisladores nacionales aprobaron con media sanción el proyecto de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica, que pasó por las comisiones de Presupuesto y de Ciencia, Tecnología e Innovación, y estableció aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador.
Por último, uno de los temas tratado fue declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble popularmente conocido como ‘República de Cromañón”, sito en Bartolomé Mitre 3038/78, que recibió dictamen este martes en el marco de una breve reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y que ahora pasará a Senado.
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