A partir de una exhaustiva investigación llevada adelante desde la Fiscalía Nº 3 a cargo de la doctora Natalia Tafetani, quedó probada la falsedad de la denuncia radial que efectuara el estudiante de enfermería Diego Leguizamón, quien en abril del año pasado planteó una supuesta alteración de los datos en el Galpón “G” de la Costanera de las personas que daban positivo a COVID-19.
Según fue acreditado por la pesquisa judicial, el denunciante mediático nunca tuvo acceso a la carga informática de los resultados de los hisopados y ni él ni el periodista que lo entrevistó aportaron siquiera pruebas que pudieran verificar lo que expusieron en la emisora, declaraciones que luego fueron replicadas en otros portales de Internet sin ningún tipo de veracidad.
Al respecto, la fiscal Tafetani explicó que “recibimos la denuncia a raíz del origen de un expediente que se produjo en el Ministerio de Desarrollo Humano por el ministro Aníbal Gómez, para que se investigue este hecho, atento a la gravedad de la connotación que tomó la noticia”.
Además, “los doctores Osvaldo y Martín Hernández (en representación de la UCR) hicieron la misma denuncia en el Juzgado Federal, que no tuvo asidero allí y después terminó en la Justicia Provincial”.
Fue así que “en la Fiscalía se abrió una investigación preliminar, donde cité a todas las personas que podían tener conocimiento del hecho, como los médicos que estaban a cargo del Galpón y de todo ese programa en ese momento, al igual que compañeros de trabajo de Leguizamón, el denunciante radial de esta situación”.
De dicha pesquisa “surgió que nunca tuvo acceso a la carga de datos, no era esa su función”, ya que una vez procesado y corroborado el resultado del hisopado, lo cargaba el bioquímico o una persona autorizada al efecto, con un usuario determinado, bajo supervisión del profesional, de manera que sólo ellos podían efectuar la carga, que era realizada a través de la Dirección de Informática del MDH.
Además, la fiscal Tafetani señaló que al denunciante radial “nunca lo pudimos encontrar”, porque “se fue de Formosa a trabajar a Buenos Aires y nadie tenía contacto con él, ni siquiera sus familiares; no lo pudimos citar a declarar porque nadie sabía su dirección”.
Y aclaró que “citamos al periodista (que lo entrevistó en la emisora) y declaró bajo juramento de ley que él tenía pruebas y por eso le dieron la repercusión pública”. Sin embargo, “llegado el momento las pruebas y el muchacho no aparecieron”, sostuvo.
Por ende, la Fiscalía remitió la investigación completa al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, a cargo del magistrado Sergio Felipe Cañete, “solicitando que se desestime la denuncia porque no había ningún elemento que nos permita, siquiera, ahondar en la pesquisa”.
“De los elementos que están en el expediente no surge nada que indique que sucedió tal cosa, ni siquiera que él (Leguizamón) haya tenido la posibilidad de tener contacto con la carga de los datos, ya que era muy poca la gente que lo hacía y tenían claves especiales, no era tan al pasar como se dijo en la nota periodística”, esclareció la doctora Tafetani.
Por su parte, el juez Cañete “termina dando la resolución final, atento a que el fiscal no formuló ningún tipo de acusación, compartiendo también los argumentos míos no ahondó y desestimó la denuncia”, de modo que quedó comprobado que “todo cayó en un saco vacío, no se pudo encontrar absolutamente nada”.
Responsabilidad
Consultada sobre las consecuencias jurídicas de una falsa acusación, esbozó que “tendrían que ver las autoridades sindicadas como responsables si toman la determinación de presentar querellas por calumnias e injurias”.
Por último, exhortó a los medios de comunicación a informar con responsabilidad, más aún teniendo en cuenta que en ese momento de pandemia, dicha denuncia mediática “generó una conmoción por la realidad que estábamos viviendo”.
“Es un llamado a entender que en el poder que tiene la prensa no se pueden hacer estas denuncias de esta manera, sin medir el impacto, porque la gente cree en lo que escucha y en la seriedad de los medios”, finalizó.