El subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa, Hugo Bay, explicó de qué forma trabajan en la provincia con respecto del manejo irregular de los recursos naturales.
Esbozó a AGENFOR que “son varias aristas las que comprenden la investigación, es decir, implica hablar de varias cosas que sin duda alguna están concatenadas”.
En este sentido, informó que “en Formosa tenemos una ley que, en el año 2018, fue votada por unanimidad por todos los sectores políticos que es la que consagra el Programa de Ordenamiento Territorial”.
“Es una ley que, siguiendo lo establecido por la ley nacional referente a los bosques nativos, Formosa estableció su ordenamiento territorial, es decir, para el uso de las áreas productivas, el planteo de ciertas restricciones y, a su vez, los planes de gestión que se deben realizar para cada vez que se quieren incorporar nuevas áreas productivas utilizando los sistemas naturales”, agregó.
Además, aclaró que “la provincia tiene la particularidad que incluyó a los bosques nativos y a fisonomías vegetales que existen en otros ambientes, como ser pastizales, habanas, palmares, etcétera”.
Y añadió: “Esta ley dice que cada vez que se quiere usar una parte de un sistema natural para hacer alguna actividad productiva, en estos ámbitos rurales, ya sea granadera, agrícola o lo que fuera, debe tener una autorización expresa del Estado, se debe presentar un proyecto socio ambiental en el cual se establece que es lo que se está por hacer y el equipo técnico del Ministerio de Producción Ambiente debe evaluar si cumple con los recaudos legales”.
En esta línea, afirmó que esta tarea minuciosa se lleva a cabo con el objetivo de “no de impedir que se sigan incorporando nuevas áreas productivas en nuestro ambiente, sino de hacerlo de manera ordenada de modo tal que disminuya el impacto ambiental”.
Asimismo, sostuvo que en el Ministerio, el área de Registro de Control y Fiscalización es la encargada de investigar “a partir de denuncias o constataciones que se hacen a través de nuestro sistema georeferenciado, a través del cual es muy fácil distinguir o captar alguna actividad de desmonte o cambio de uso de suelo”.
“A partir de ahí, se arman los expedientes respectivos para que se den las explicaciones del caso”, señaló Bay.
En concordancia, lamentó “la ausencia del delito penal al ambiente en la legislación nacional” y explicó que “hasta el momento solo existen multas, clausuras, registro de infractor, es decir, no deben enfrentarse a un juez para dar una explicación de por qué procedieron sin pedido de autorización del Estado”.
“Como las provincias no pueden crear delitos, por lo tanto esto le corresponde al Congreso de la Nación. Si bien existen proyectos, todavía se está trabajando en esa cuestión”, manifestó.
Caso
Respecto de esta temática, el subsecretario Bay comentó un caso específico, y se trata del excandidato a gobernador Francisco Paoltroni, “quien tiene varias situaciones irregularidades, lo que ha dado lugar a la realización de expedientes”.
Contó además que “todavía no contestó ninguna” e indicó que “se han constatado irregularidades que tiene que ver en él como propietario, o apoderado de alguna empresa o, en algunos otro casos, como presunto adjudicatario de tierras fiscales”, de igual manera aclaró que esto último es competencia de otro organismo gubernamental.
También, aclaró que citó el caso de él, “porque permanentemente está acusando y criticando al Estado, pero no se hace cargo de lo que hace”.
“Se dio en su proyecto más conocido que es el de la planta extrusora de soja para la cual no pidió autorización” indicó y agregó: “Encima después le reclama al Estado que no le brinda energía, etcétera”.
Por último, contó brevemente que “posteriormente presentó el estudio de impacto ambiental, en el cual se constató que se realizó una actividad de desmonte, sin permiso”, cerró.
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