El doctor Enrique Morales, rector organizador de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), anunció “el logro de una meta más” de la casa de altos estudios formoseña: su incorporación como miembro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
“Recientemente se ha cumplido un año desde que el gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, presentó el proyecto de creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca”, recordó, marcando que han transcurrido seis meses desde que el primer mandatario anunció el reconocimiento nacional de la UPLaB, en un todo de conformidad con la Ley de Educación Superior Nº 24.521.
A partir de allí, la casa de estudios ha obtenido el reconocimiento oficial de cuatro carreras que se encuentran en pleno dictado en la actualidad, “realizando en forma concreta la igualdad de oportunidades para cientos de estudiantes formoseños y formoseñas”, subrayó.
“Hoy, podemos anunciar el logro de una meta más en este gran proyecto que representa la Universidad Provincial pública y gratuita proyectada por el gobernador Insfrán”, destacó y prosiguió: “Ha cumplido otro paso muy importante en su joven pero fecunda vida institucional: su incorporación como miembro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”.
Según detalló el rector Morales, previa tramitación efectuada por la casa de estudios, el Comité Ejecutivo del CIN determinó, mediante Resolución 1785/2023, el ingreso de la UPLaB al registro de instituciones universitarias integrantes de dicha entidad. De este modo, la Universidad Provincial comenzará a participar y tomar intervención en las sesiones del citado Consejo.
“Es dable destacar que el Consejo Interuniversitario Nacional se encuentra conformado por todas las Universidades Nacionales y también por las Universidades Provinciales reconocidas por el Estado Nacional de acuerdo a la Ley de Educación Superior 24.521, cuyo es el caso de la Universidad Provincial de Laguna Blanca”, acentuó.
Y resaltó que “la incorporación al Consejo representa un eslabón significativamente valioso para el avance de todas las actividades de la Universidad Provincial de Laguna Blanca. En efecto, este órgano desempeña funciones de análisis, coordinación, propuesta de políticas y consulta para la toma de decisiones en materia universitaria en la República Argentina”.
En ese sentido, puntualizó que al CIN le corresponde analizar la problemática de la educación en general y de la educación universitaria en particular (tanto la situación nacional como el contexto regional y mundial), elaborar propuestas de políticas a los poderes públicos, definir estrategias para el desarrollo universitario, coordinar planes y actividades entre las diversas Universidades (en materia académica, de investigación científica, de extensión y de gestión), coordinar las políticas con los distintos niveles y jurisdicciones educativas, proponer políticas de becas que aseguren la igualdad de oportunidades, firmar acuerdos de cooperación con otros organismos públicos y privados, así como constituir un órgano de consulta en la cuestión educativa y universitaria.
Educación pública, gratuita y equitativa
A su vez, el rector Morales enfatizó que “todos los argentinos, y en especial los jóvenes que aspiran a iniciar sus estudios universitarios, debemos defender este sistema de la educación universitaria pública, gratuita y equitativa en la República Argentina”, poniendo de resalto que “dicho postulado es una parte esencial del Modelo Formoseño, plasmado en nuestra Constitución Provincial”.
Agregó que “la mejor prueba reside en la propia creación de la Universidad Provincial, herramienta para la construcción de una sociedad inclusiva con carreras de interés para el desarrollo provincial, pero que colocan en su núcleo al ser humano, integrante del pueblo, que es su único destinatario”.
En esa línea, consideró que “paralelamente, en especial aquellos que aspiran a iniciar sus estudios universitarios, deberían ser plenamente reflexivos y conscientes para rechazar toda propuesta de candidatos tendiente a suprimir organismos educativos, privatizar funciones indelegables del Estado como lo es la educación y/o arancelar la Universidad pública, con engañosos artilugios denominados con palabras en lenguas foráneas, pero que esconden en realidad el inconfesable deseo de impedirles el acceso a la educación en condiciones de igualdad”.
“Frente a ese atropello a la razón, a la historia y a los derechos, debemos afirmar una vez más el compromiso con la educación pública y gratuita, baluarte del desarrollo humano con justicia social que pregona la Constitución Federal”, concluyó.
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