El Senado eligió sus nuevas autoridades y una de sus vicepresidencias recayó en la senadora neuquina de Unión por la Patria, Silvia Sapag. En tanto, la principal bancada de oposición insistió en reclamar el tratamiento del inconstitucional decreto de necesidad y urgencia 70/2023, durante la sesión preparatoria de la Cámara Alta realizada este viernes 23.
El jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, volvió a cuestionar la validez del DNU. Recordó que varios constitucionalistas insospechados de peronistas se expresaron contra la constitucionalidad del controvertido decreto, y afirmó que el gobierno “no puede derogar normas de fondo, como el Código Civil o el Código Aduanero, por medio de un DNU”.
Remarcó que el presidente Javier Milei “no puede emitir disposiciones de carácter legislativo”, como marca la Constitución Nacional en el artículo 99; es decir que “no puede derogar por un DNU setenta y nueve leyes, modificar otras trescientas y modificar los códigos de fondo del país”.
“Si eso pasa, tenemos que cerrar el Congreso”, advirtió el formoseño y alertó que “si la intención es cerrar el congreso, obviamente que se trata de un golpe de Estado”. Además, consignó que la misma Carta Magna impide una posibilidad semejante ya que, en su artículo primero, adopta para la República Argentina un sistema de gobierno “republicano, representativo y federal”.
En otro orden de cosas, el senador peronista lamentó que, durante todo el período de sesiones extraordinarias impulsado el Poder Ejecutivo, “no se pudo sacar una sola ley” en el Congreso y afirmó que “el país necesita acuerdos”. “Ojalá que podamos ponernos de acuerdos y podamos tratar mil leyes”, reflexionó el formoseño, pero advirtió que, poco se puede lograr, si luego el presidente “Milei se levanta enojado y deroga las mil leyes con un DNU”.
En forma previa, fueron varias las senadoras y senadores de UxP que formularon cuestiones de privilegio contra distintos miembros del Poder Ejecutivo, tanto por la dilación en el tratamiento del DNU 70, como por los agravios al Congreso y a los gobernadores provinciales, como por la falta de reacción del gobierno por la visita del canciller británico, David Cameron, a Malvinas.
En ese sentido, hicieron uso de la palabra la senadora riojana Florencia López, quien cuestionó a la presidenta del Cuerpo por haber impedido el tratamiento del DNU; el catamarqueño Guillermo Andrada, quien reclamó al gobierno nacional el envío de recursos a las provincias y marcó la necesidad de contar con el Presupuesto Nacional.
La neuquina Sapag reseñó que, entre otros puntos, el decreto demuele los servicios públicos, centraliza el poder político, elimina las restricciones a las corporaciones para que puedan enriquecerse más rápidamente, criminaliza la protesta social, restringe el derecho de huelga y avanza sobre las universidades y la ciencia, además de empobrecer y condenar al hambre a nuestro pueblo.
A su turno, la rionegrina Silvina García Larraburu rechazó los agravios del presidente contra el Congreso y lo acusó de tener una falta de lectura de la realidad, de dedicarle mucho tiempo a las redes sociales y de atacar a quienes piensa distinto que él. Su compañera, la fueguina María Eugenia Duré fustigó al presidente, la vicepresidenta y a la Canciller, por el tratamiento indebido de la cuestión Malvinas y la falta de reacción a la presencia del canciller inglés a nuestras islas.
Otro patagónico, el neuquino Oscar Parrilli embistió contra el economista Federico Sturzenegger, quien se presenta como coordinador de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, por ser el autor del cuestionado DNU. Su par chaqueño Antonio Rodas le recomendó al presidente gobernar con respeto, consenso y tratando de construir una salida a la situación compleja que atraviesa el país.
El riojano Fernando Rejal fue otro que reclamó al PEN el envío de recursos a las provincias y denunció que la paralización de la obra pública ya generó a La Rioja la pérdida de seis mil puestos de trabajo, en los primeros dos meses del gobierno nacional. La salteña Nora Giménez calificó de inapropiadas e inadmisibles las expresiones de Milei contra el Congreso y recordó que el jefe del Estado, electo en forma democrática, debe respetar la legitimidad de los legisladores, también surgidos del voto popular.
En el mismo sentido, se pronunció La catamarqueña Lucía Corpacci. Le recordó a Milei que debería hacer la correspondiente denuncia, si conoce algún caso de corrupción, y atacó al DNU al que consideró como una reforma de Constitución Nacional encubierta mediante la forma de un decreto de necesidad y urgencia.
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