El presidente Javier Milei envió proyectos de ley al Congreso de la Nación para modificar el sistema electoral argentino. Entre los cambios que planea el Ejecutivo, surge la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de los mismos.
En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la jueza Sandra Moreno, integrante del Tribunal Electoral Permanente (TEP), indicó que, en principio, “la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ejecutivo, ya han puesto en marcha los cronogramas electorales, con la publicación de los padrones y distintas fechas”.
Es así que las elecciones primarias están previstas para realizarse el domingo 3 de agosto del próximo año, mientras que las generales serán el 26 de octubre.
En ese sentido, si bien “no estarían dadas las fechas para poder hacer esa modificación, de sancionarse la ley, se eliminarán y no habrá elecciones en agosto”.
En ese caso, “los partidos políticos tendrán que hacer sus propias internas, que igualmente las hacen, y definir dentro de cada uno el candidato que van a llevar a las elecciones en octubre”.
Asimismo, en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, consideró que su eliminación “es algo muy grave que no puede ocurrir”, explicando que “no sería beneficioso para el sistema electoral” porque la propuesta de “eliminar la ayuda del Estado y permitir el aumento de los aportes de particulares” llevaría a que “los partidos empiecen a funcionar como una empresa y no como entidades democráticas, que es lo que tiene que ser”.
“Hay partidos más pequeños, por decirlo de alguna forma, y están los tradicionales y, en forma proporcional a la cantidad de afiliados, todos tienen un monto que les permite seguir existiendo en la vida democrática del país”, remarcó, enfatizando que suprimir dicho financiamiento “va a ir en desmedro de la convivencia democrática y la existencia de estas organizaciones”.
Sostuvo que “estas modificaciones las quiere hacer el Ejecutivo Nacional por cuestiones económicas, para no tener que disponer fondos para los partidos políticos y el ejercicio de la democracia en general”, inscribiendo en este contexto de políticas libertarias de ajuste la reciente decisión de la Cámara Nacional Electoral, que “ha dispuesto cobrar el padrón electoral para cada distrito, cosa que no corresponde”.
Aludió así a la Acordada 120 que firmaron la semana pasada los miembros del máximo organismo electoral, la cual establece un arancel variable según la cantidad de ciudadanos incluidos en el padrón de cada provincia, por lo que los distritos más poblados deberán pagar más.
“Los organismos electorales estamos analizando también esa situación, porque dependemos siempre del padrón que nos suele dar la CNE”, señaló Moreno, agregando que además “hay gobernadores que están ya planteando la imposibilidad o la oposición a esta medida”.
“Veremos cómo se va a ir avanzando, porque inclusive existen provincias a las que se les ha exigido un alto costo para su padrón, como Santa Fe, por ejemplo, y otras, como Córdoba, a la que casi no le han pedido nada”, finalizó.
