La directora de Personas con Discapacidad, Susana Jara, expresó su profundo rechazo a la terminología utilizada en la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la cual establece nuevos criterios para la evaluación médica en el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, generó una ola de indignación al viralizarse el contenido del Anexo I, donde se incluyen expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para referirse a personas con discapacidad intelectual. Ante esto, Jara lamentó profundamente lo que calificó como “un retroceso inadmisible en materia de discapacidad”.
“Luego de tantos años de lucha por construir una sociedad inclusiva, basada en el modelo social de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos encontramos con una medida que nos remonta a las épocas más oscuras de la discriminación institucionalizada”, sostuvo Jara.
La funcionaria calificó los términos empleados como “obsoletos, ofensivos e inaceptables”. Si bien la ANDIS aseguró que la utilización de dichos conceptos fue un error involuntario y no tuvo intención discriminatoria, Jara enfatizó que “no se trata de celebrar que se haya corregido el error, sino de dejar en claro que algo así nunca debió ocurrir”.
Más allá de este hecho puntual, la directora alertó sobre un contexto general de ataques sistemáticos del Gobierno nacional contra los sectores más vulnerables, en particular las personas con discapacidad. “Desde el inicio de esta gestión hemos sido testigos de recortes en políticas sociales fundamentales: acceso a medicación, tratamientos adecuados y ahora, en un intento desmedido de reducir costos sin medir consecuencias, nos encontramos con una resolución que vulnera la dignidad de miles de ciudadanos”, denunció.
Jara también apuntó contra quienes justifican o minimizan estas medidas, manifestando que “no podemos naturalizar este avasallamiento permanente de derechos. Lo más preocupante es la cantidad de personas que avalan estas acciones con su silencio o indiferencia”.
En contraste, destacó que en Formosa se implementan diversas políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, abarcando ámbitos educativos, habitacionales, laborales y sociales. “Esas son las iniciativas que debemos valorar y fortalecer, y no permitir que errores como este queden impunes o pasen desapercibidos”, remarcó.
Finalmente, reafirmó el compromiso de su dirección en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. “Seguiremos brindando espacios de debate y reflexión, y pese a los obstáculos que se presenten, continuaremos trabajando arduamente en Formosa para fortalecer la comunidad inclusiva que todos anhelamos”.
