La ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, manifestó su profunda preocupación ante el proceso de recorte de pensiones por invalidez laboral que impulsa el Gobierno nacional, en el marco de un ajuste fiscal que, lamentablemente, ha puesto en la mira a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La auditoría masiva que está llevando adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó a traducirse en una injusta suspensión de beneficios a cientos de miles de personas con discapacidad en todo el país.
En numerosos casos, los titulares no han recibido notificación fehaciente sobre el inicio del proceso ni han contado con la posibilidad real de presentar la documentación médica exigida.
“Muchas de las notificaciones enviadas no llegan a destino por problemas en los domicilios registrados o por fallas en el sistema de distribución”, explicó Giménez.
Además, señaló que “en algunos casos, las personas reciben citaciones en localidades muy alejadas de su lugar de residencia y, ante la imposibilidad de trasladarse, terminan perdiendo el turno asignado”.
Por otra parte, las vías de comunicación dispuestas por la ANDIS como líneas telefónicas, contactos de WhatsApp y correos electrónicos, no están brindando respuestas efectivas, lo que dificulta el acceso a información clara y oportuna, manteniendo en un estado de desinformación total a las personas afectadas.
“Esta situación afecta gravemente a personas con discapacidad que han quedado en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad aún mayor”, expresó la funcionaria.
Lejos de ofrecer alternativas que garanticen el derecho a la defensa, se optó desde Nación por avanzar con la baja del beneficio sin garantizar el debido proceso.
“No se trata de negar la necesidad de controles. Si hay irregularidades, por supuesto que deben corregirse, pero eso no habilita a atropellar derechos ni a condenar a la indigencia prácticamente a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado”, subrayó Giménez.
Y agregó: “Lo correcto es auditar con criterio, caso por caso, ya que el Estado tiene las herramientas para verificar la situación de cada beneficiario, sin necesidad de atropellar”.
Aunque, recalcó la Ministra, “lamentablemente, la sensación que deja este proceso es que el verdadero objetivo no es ordenar, sino confundir e instalar la idea de que todo es fraude y, de paso, liberar al Estado de su obligación de proteger a quienes más lo necesitan”.
Ante este contexto alarmante, se presentó en el Congreso un proyecto de ley impulsado por el diputado de Unión por la Patria (UP), Daniel Arroyo, para declarar la “emergencia” en discapacidad, la cual ya obtuvo dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Diputados y se espera su aprobación definitiva.
La iniciativa no sólo propone proteger las pensiones, sino también reforzar el financiamiento a prestadores de salud, transporte, educación y rehabilitación, que utilizan las personas con discapacidad en todo el país y que hoy están siendo asfixiados por la motosierra del ajuste.
En Formosa, sin embargo, se avanza en sentido contrario, ya que “mientras el Gobierno nacional persiste en el ajuste y el abandono, nuestra provincia sostiene un modelo de gestión basado en la justicia social y la presencia activa del Estado” insistió Giménez.
El Gobierno de Formosa reafirma su compromiso con quienes hoy se sienten amenazados y desamparados y, en este sentido, la funcionaria manifestó que “las puertas de la dirección de personas con discapacidad del Ministerio están abiertas para brindar orientación, contención y respaldo frente a esta avanzada cruel e injusta”.
“El camino no es el recorte, sino la protección de derechos y las personas con discapacidad no pueden ser tratadas como una variable de ajuste. Deben ser reconocidas como sujetos de derecho, con pleno acceso a una vida digna, autónoma y plena de oportunidades”, finalizó.
