La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó su “profunda preocupación” por los hechos ocurridos en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) donde se impulsa un juicio académico colectivo contra 50 docentes investigadores que accedieron a sus cargos por concursos abiertos de antecedentes y oposición.
El comunicado de la Red fue difundido este miércoles 18 y consigna que el juicio es impulsado por representantes de la comunidad educativa afines a la actual gestión de la UNaF, que contienen el mismo texto y fundamento por lo que se devela el “carácter sistemático de la medida” que pretende “sancionar a quienes tienen un ideario y posicionamiento diferente a las autoridades de la casa de estudios hoy”.
Al considerar a este hecho como inédito por su escala y características, consideraron que se inscribe en un “clima político general” signado por el hostigamiento sistemático del Gobierno nacional hacia las universidades públicas y el conjunto del sistema científico tecnológico.
Para la RIDDHH este clima se alimenta de acusaciones constantes de “adoctrinamiento” e “ineficiencias”, dirigidas a docentes y personas que investigan de todos los niveles y disciplinas, con el objetivo explícito de desprestigiar, condicionar y disciplinar el ejercicio libre de la docencia, de la extensión y de la investigación.
Consideraron, asimismo, que el problema de fondo no es únicamente jurídico: es político, institucional y académico. “La judicialización del trabajo docente y la investigación, bajo la figura de juicio académico colectivo, constituye un acto y una práctica de amedrentamiento que busca generar miedo, inhibir la libertad de cátedra y la participación democrática en el ámbito universitario y, al mismo tiempo, establecer un antecedente sumamente peligroso para el conjunto del sistema universitario nacional”, enfatizaron.
Avanzaron en señalar que “se trata de un mecanismo de presión que pone en riesgo no solo la integridad profesional y laboral, sino también el principio mismo de autonomía universitaria consagrado en la Constitución nacional y en la Ley de Educación Superior N° 24.521”.
Además lo enmarcan en un contexto nacional en el que las políticas gubernamentales apuntan al desfinanciamiento de las universidades y del sistema científico tecnológico, al recorte de derechos laborales y a la deslegitimación de la función crítica de la educación superior, por lo que estas acciones “adquieren un carácter, abiertamente, persecutorio”.
“Judicializar la enseñanza, la extensión y la investigación universitaria equivale a negar su esencia: la producción libre, crítica y autónoma de conocimiento, así como también la participación plena y democrática en el cogobierno de cada universidad”, explicaron.
Por ello, expresaron preocupación y solidaridad con los afectados y advirtieron que este tipo de medidas “no deben naturalizarse ni convertirse en instrumentos de disciplinamiento ideológico” y consideraron que “no podemos permitir que el miedo reemplace al debate y a la participación plural, ni que el derecho a enseñar, a aprender y a investigar sea sometido al arbitrio de lógicas punitivas”.
