El pasado 11 de julio, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma largamente esperada por miles de familias e instituciones que acompañan a personas con discapacidad en todo el país.
La sanción de esta ley fue recibida como un hecho histórico y como una bocanada de oxígeno en medio de un panorama alarmante. Sin embargo, lejos de celebrarla, el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció públicamente que vetará la ley, desatando un fuerte rechazo en distintos sectores sociales y políticos.
Desde la Dirección de Personas con Discapacidad de la provincia de Formosa, su titular, Susana Jara, calificó esta decisión como “una muestra más de la insensibilidad de un Gobierno que parece decidido a avanzar con un ajuste brutal a costa de los sectores más vulnerables”.
“Esta ley es como una luz en tanta oscuridad, es la única esperanza que tenemos hoy por hoy para seguir garantizando el derecho a una vida digna a las personas con discapacidad”, advirtió Jara, visiblemente preocupada.
La ley contempla aumentos urgentes para los prestadores de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos están congelados desde hace más de siete meses. También corrige las restricciones impuestas por el actual Gobierno nacional para acceder a las pensiones por invalidez y establece mecanismos de control, transparencia y actualización mensual de aranceles.
Todo ello con un impacto fiscal estimado por la propia Oficina del Presupuesto del Congreso de entre el 0,2 y el 0,4% del PBI. Es decir, una inversión mínima en términos macroeconómicos, pero fundamental para el sostenimiento de derechos básicos.
Jara fue contundente al afirmar que “el ajuste fiscal no puede recaer sobre personas vulnerables, no puede sostenerse a partir del padecimiento de las personas, se debe tener algo de sensibilidad y humanidad. Hay que ponerse en el lugar de las familias que están atravesando situaciones desesperantes, sin respuestas por parte del Estado nacional”.
De hecho, según relató la funcionaria, en las últimas semanas se ha incrementado el número de personas que se acercan a la Dirección con enorme angustia por haber sido dadas de baja de sus pensiones por invalidez sin previo aviso. En muchos casos, ni siquiera se emitió una citación o notificación formal para acreditar nuevamente la condición de discapacidad, lo que genera una situación de absoluta incertidumbre y desesperanza.
“Estamos asistiendo, asesorando y conteniendo a personas desesperadas que quedaron de un día para otro sin su pensión. Es inaceptable que el Estado nacional actúe con esta liviandad y falta de humanidad”, sostuvo Jara.
Desde el Gobierno provincial se hace todo lo posible por sostener, acompañar y contener a las familias, garantizando el acceso a derechos y brindando respuestas concretas ante una realidad cada vez más dura para las personas con discapacidad, subrayó.
Sin embargo, remarcó que es imprescindible que se haga efectiva la implementación de esta ley, que busca precisamente asegurar que los derechos de las personas con discapacidad no queden librados a los vaivenes del mercado ni a los recortes coyunturales. “Su objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el Estado nacional asumió al firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —de jerarquía constitucional— y promover un enfoque verdaderamente inclusivo, respetuoso de la diversidad y alineado con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”, hizo notar.
“Vetarla sería un acto de crueldad, se mire por donde se mire, no solo significaría desconocer una demanda legítima y unánime de las provincias a través del Congreso, sino también desproteger a miles de personas que hoy dependen del compromiso estatal para vivir con dignidad”, sentenció Jara.
“Desde Formosa elevamos la voz exigiendo al Poder Ejecutivo nacional que escuche el reclamo y no avance con una medida que representa un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos”, finalizó.
