La Justicia sólo concedió el recurso de apelación; por lo tanto la multa por 101 millones de pesos y el embargo sobre los haberes del senador nacional siguen firmes.
La fiscal de Estado de la provincia de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, aclaró las versiones que aseguraban que la Justicia había dejado sin efecto la condena contra el senador nacional Francisco Paoltroni por desmontes ilegales.
En declaraciones recabadas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la funcionaria aseguró que “la información que circula de que la Justicia volvió todo para atrás y dejó todo sin efecto, es una mentira absoluta”.
De esta manera, explicó que “lo único que ha hecho la Justicia es conceder la apelación, como se hace con cualquier ciudadano” y aclaró que “es tanta la mentira que aún la Fiscalía de Estado ni notificada está de esta apelación”, destacando que la resolución que condena al legislador Paoltroni al pago de 101 millones de pesos, más costas e intereses, “sigue firme”, al igual que el embargo preventivo sobre sus haberes como senador.
Zabala detalló que “la misma magistrada que dictó la condena es quien concede la apelación para que el caso sea revisado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil”, pero marcó que esto bajo ningún punto significa que Paoltroni haya “ganado” la causa.
“Hasta este momento, la única verdad es que hay una condena y los únicos que ganamos la primera instancia somos nosotros”, subrayó, enfatizando en que “no hay que mentir ni confundir a la opinión pública diciendo cosas que no son ciertas”.
Y manifestó que, hasta este viernes 20 por la tarde, “todavía no se subió este expediente, porque al parecer se olvidaron que deben notificarnos, es decir corrernos traslado, y nosotros vamos a contestar lo que digan”. Entonces insistió en que “solo hizo uso de su derecho a apelar, nada más”.
Asimismo, la Fiscal de Estado se refirió al intento de Paoltroni de utilizar sus fueros parlamentarios para frenar la ejecución fiscal, recordando que la “inmunidad es para proteger la actividad legislativa y los dichos de los parlamentarios, no para evadir deudas personales o multas por infracciones ambientales”.
Reiteró que “ese no es el objetivo de la protección parlamentaria”, resaltando que “si no, con esa tesitura, todos querrían ser legisladores y no pagar ninguna deuda y ni que se los juzgue por nada”.
Además, comentó que en la segunda instancia se pasa a la Cámara Civil y de allí, todavía hay una instancia de apelación más. De este modo, Paoltroni o la provincia podrían apelar lo que diga la Cámara, y quien resolvería sería el Superior Tribunal de Justicia.
Sobre esto, dejó en claro que “son varias las posibilidades que tiene” y fue categórica al señalar que el proceso judicial contra el senador Paoltroni “no representa una persecución política”, aseverando que solo se trata de la aplicación efectiva de la normativa, que alcanza a todos los ciudadanos por igual.
Y expuso que al continuar la causa, más allá de la instancia de apelación, “los intereses de la deuda siguen sumando, como (le sucede) a cualquiera cuando le hacen un juicio”.
Por todo esto, Zabala hizo hincapié en que “no es bueno que se instale una falsa información, porque no todos tienen por qué saber de Derecho o cómo es un trámite judicial” y lamentó que “esto confunde, y a través de la tergiversación del tema se busca sacar ganancias parciales”.
