La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmintió el informe del grupo Clarín sobre supuestas mujeres originarias embarazadas en el oeste formoseño que se escondían “en el monte” de las autoridades por miedo a “cesáreas forzosas” o maltratos al momento de dar a luz.
Por tal motivo, el organismo internacional levantó las medidas cautelares otorgadas el 16 de abril a siete de estas mujeres tras una denuncia formulada por el dirigente opositor Félix Díaz y el exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón.
AGENFOR pudo acceder a la resolución que dio a conocer la CIDH donde argumenta que “la información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares”.
También, el documento sostiene que “en lo que se refiere a la beneficiaria identificada como X5, la representación informó que perdió a su hijo. Sin embargo, no se aportó información que permita analizar cómo fueron sus circunstancias concretas del proceso de embarazo, más aún cuando el propio Estado ha buscado dar con ella y brindar respuesta a las presentes medidas cautelares».
En ese sentido, el texto del organismo indica que los alegatos de la representación se caracterizaron por ser “de naturaleza general y repetir información previa al otorgamiento de las medidas cautelares”; y agrega: “La Comisión observa en ese sentido, que el marco fáctico que dio origen a las presentes medidas cautelares se ha modificado sustancialmente, y en este momento, para la Comisión, no es posible identificar información concreta y actual que permita sustentar la vigencia de los requisitos reglamentarios en los términos del artículo 25 del Reglamento”.
Asimismo, dice que “la Comisión observa que el Estado ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde”.
Y continúa: “La Comisión observa que la representación no ha brindado soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo”.
En ese marco, “no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes”, asegura.
Además, prosigue la resolución: “Si bien la representación ha continuado afirmando que existe “temor”, “amenazas”, “persecución”, entre otros, la Comisión no advierte información concreta respecto de cada una de las 7 mujeres beneficiarias que indique, por ejemplo, una amenaza concreta o sostenida en contra de ellas, o inacción del Estado de brindarles atención médica, o que la atención médica haya sido negada atendiendo su situación actual”.
Y desarrolla: “La información disponible tampoco indica que el Estado se haya negado a brindarles algún tipo de protección en caso de que tales situaciones eventualmente se presenten. Por el contrario, la información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares”.
“En síntesis, atendiendo al análisis previo, la Comisión decide levantar las presentes medidas cautelares», sentencia el escrito.
Operación mediática
Al respecto, y en diálogo con AGENFOR, la fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, expresó: “La CIDH ha resuelto levantar las medidas cautelares que pesaban sobre la provincia de Formosa”.
Recordó que la maniobra del grupo Clarín “empezó con una cobertura mediática brutal”, donde primero “eran 80 personas que luego pasaron a ser siete, sobre las que se decía que eran ‘perseguidas’ por el Gobierno provincial y que debían alojarse en el monte por temor a ser despojadas de sus hijos”.
Ante tal situación, remarcó que “el Gobierno de Formosa acudió prestamente, como se hace siempre, a contestar esto y a explicitar”, haciendo notar que la misma CIDH “reconoce la dificultad en la que se vio comprometido el Gobierno provincial”, ya que prácticamente no se brindaban datos de las personas. “Era una prueba diabólica la que teníamos que hacer para tratar de ver a quiénes se referían”, planteó la funcionaria.
No obstante, “el Estado contestó la situación cuando más o menos se consiguieron obtener los nombres”, evidenció, apuntando que “la Comisión claramente dice que cuando dio las cautelares lo hizo a prima facie”, es decir, “valorando una situación que se expresó, pero que para levantar dichas medidas necesitó elementos de contundencia y de prueba acabada, lo cual brindó la provincia de Formosa, demostrando sin lugar a dudas que nada de lo que se decía era cierto”.
Por el contrario, subrayó que la misma CIDH manifiesta que “ha quedado demostrado todo lo que se hace” desde el Gobierno provincial por las comunidades originarias, como “cobertura, salud, protección y todas las cuestiones que se imputaban a la provincia como que no se hacían”, marcó.
Hacerse cargo
En esa línea, la fiscal de Estado planteó que tras el fallo de la CIDH “¿quién se va a hacer cargo de todo esto?”.
“¿Quién va a reconocer lo que se hizo cuando se puso en tela de juicio en los medios y en todos los ámbitos a una provincia que tiene una política sanitaria como la de Formosa y una protección integral como se ha demostrado hacia la población aborigen?”, indagó.
Tras acentuar que Formosa presentó elementos de peso y fundamentaciones, destacó que la Comisión “reconoce el esfuerzo que ha hecho el Estado provincial para tratar de desentrañar de qué personas se trataba para brindar la información”.
“Esta es la realidad; no es mentira ni creación –subrayó categórica-. Esto es lo que ha sucedido y es el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el día martes 13 de julio”, con lo cual no quedan dudas de cómo actuó Formosa. “Acá la CIDH ha levantado contundentemente las medidas”, por lo que quedó acreditadoque “era todo falso lo que se propagó en diversas partes con comentaristas que se rasgaban las vestiduras diciendo que Formosa vulneraba los derechos de las mujeres aborígenes”.
“La Comisión dijo que nada de esto era así y levantó las cautelares”, enfatizó.
Resarcimiento
A su vez, respecto de que la provincia exija algún tipo de resarcimiento por los daños causados, dijo que “vamos a evaluar cómo va continuar todo esto”.
“La Justicia actuó cuando se planteó la noticia e intervino, veremos qué hace de oficio. Y también valoraremos el temperamento que adoptará la provincia ante tal situación”, expuso la funcionaria a esta Agencia, en virtud de que “uno tiene el derecho de decir lo que quiera, pero también tiene la obligación de hacerse cargo cuando sus dichos no sean ciertos”.
Para finalizar, repudió que el grupo mediático hegemónico “haya tenido como único fin causarle daño a una provincia que está trabajando”.
“Esto no es una creación de Formosa, no se está mintiendo; acá está la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha valorado uno por uno los puntos y los elementos de convicción presentados por la provincia”, aseveró finalmente.
