Al igual que en 2016, cuando la máxima autoridad de la UnaF fuera investigado y procesado, ahora es el turno de Augusto Parmetler, quien se encuentra investigado por distintas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos durante su gestión. La Justicia deberá determinar, además, el pedido de embargo preventivo sobre sus bienes personales por 100 millones de pesos
La Justicia federal de Formosa a través de una denuncia investiga al rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), no solo por los hechos de violencia ocurridos el martes 24 de agosto del 2021, sino que además ahora encara una nueva causa por distintas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos durante su gestión al frente de la mencionada casa de estudios.
La denuncia señala que conforme a la “exhaustiva” investigación –que incluye peritajes contables de partes, entre otros elementos- se logró determinar la consumación de una serie de irregularidades por parte de las actuales autoridades universitarias, como por ejemplo la falta de rendición de cuenta de fondos entregados a investigadores y que a la fecha no se utilizaron para los destinos previstos. La investigación incluye a los profesores que recibieron estos fondos, específicamente, en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Se encuentra acreditado que profesaras recibieron $200.000 y que a la fecha no rindieron cuenta de los fondos recibidos en sus propias cajas de ahorro.
Asimismo, de los peritajes realizados se acredito que existen irregularidades referidas a los períodos administrativos y financieros 2018, 2019 y 2020, donde se determina manejos de plazos fijos irregulares.
Entre los hechos que se le imputan, se encuentran la incorporación irregular de empleados y la caracterización de cargos en forma irregular, incluso mediante maniobras como la contratación de monotributistas, sobredimensionando la planta no docente con empleados administrativos y de maestranza, «sin la obligatoria autorización de los órganos de contralor y la ampliación presupuestaria imprescindible para garantizar la legalidad y legitimidad de las mismas».
En segundo lugar, se le atribuye la entrega de fondo a funcionarios de su gestión en todo el 2019, y 2020, respecto de las cuales, las correspondientes rendiciones de cuenta no existen, y las encontradas no cumplen con los requisitos legales establecidos por la ley de administración financiera, siendo por tanto irregulares y carentes de capacidad probatoria.
Por último, se constató que las rendiciones de cuenta del pago a cooperativas de limpieza no cumplen los requisitos legales correspondientes.
La denuncia original se amplió en orden al presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, ya que Palmeter contrató y designó a su propia esposa en la categoría 1 y a familiares de sus funcionarios al frente de secretaría y otros cargos que serán investigados a lo largo del proceso.
La denuncia encuentra en la figura de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, peculado y abuso de autoridad (artículos 248,260 y 261 del Código Penal de la Nación).
El denunciante, exigió un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $100 millones.
A esta denuncia se suman las denuncias de los 580 estudiantes; la denuncia penal por incumplimiento de fallos judiciales; la denuncia por la contratación a familiares: y la denuncia por los graves hechos de violencia del 24 de agosto del 2021.
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