Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia peticiono formalmente a diferentes esferas nacionales “a que no avalen ninguna solicitud de aumento de los combustibles por parte de las petroleras que quieren nuevos ajustes en los precios de los carburantes que se encuentran frenados desde el mes de agosto”.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, expreso que “si bien es cierto que las empresas no necesitan autorización ni resolución oficial para remarcar los surtidores, los empresarios seguramente buscaran «consensuar» con el Gobierno Nacional los aumentos que quieren aplicar durante el último bimestre del año en las naftas y el gasoil”.
Se fundó lo requerido en que, los directivos de las principales petroleras ya le anticiparon al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda y al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que tienen en carpeta dos incrementos del 5% para terminar de compensar el impacto en los costos que produjo la devaluación que sobrevino a fin del año pasado tras el levantamiento del cepo y la liberación del tipo de cambio.
Se recordó que a principios de 2016, Aranguren y las petroleras habían convenido una actualización gradual de los precios de los combustibles a lo largo del año.
Entre enero y mayo, subieron cuatro veces acumulando un ajuste del orden del 30% que llevaron el valor promedio de las naftas más baratas a $1,70 el litro y el de las naftas premium, a casi $2 el litro.A principios de agosto cuando se aprestaban a aplicar un nuevo ajuste del orden del 5%, las petroleras fueron convocadas por el Gobierno para establecer una tregua de tres meses.Preocupada por el impacto inflacionario que iba a provocar el quinto aumento del año en los combustibles, la administración nacional acordó con las petroleras un congelamiento de los precios en las estaciones de servicio por 90 días y una baja paulatina del barril de crudo local que utilizan las refinadoras y que desde 2014 está por encima de los valores del mercado internacional.Ese acuerdo vence en la primera semana de noviembre y la apuesta máxima de las petroleras es aplicar en dos veces la suba del 10% que, según sus números, tienen pendiente para completar el desfasaje de la devaluación.
En principio, la idea del equipo de Aranguren sería no poner objeciones a las subas en juego. Consideran que los aumentos deberían registrarse en lo que resta de este año para poder transitar el 2017 con los precios de los surtidores estables.
De esta manera, señalo Gialluca, reducirán el costo político que van a tener que afrontar en los primeros meses del próximo año cuando llegue la hora de autorizar las subas tarifarias que ya están programadas para de los servicios de gas y energía eléctrica.
Por último, se hizo fuerte hincapié en que la suba de combustibles, como siempre inmediatamente se traslada a los costos de todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria, de los servicios, de los medicamentos y producirá un mayor impacto negativo en el bolsillo y salarios de los trabajadores junto a los jubilados y pensionados.
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