Así rebatió el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, los dichos de Félix Díaz quien utilizando su investidura de miembro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) actúa en defensa de Agustín Santillán, imputado en numerosas causas por hechos delictivos cometidos en Ingeniero Juárez y zona de influencia contra las personas, la propiedad pública y privada, por los que fue detenido, días atrás y puesto a disposición del Juez de Las Lomitas, Dr. Marcelo Pikabea.
“Díaz y las autoridades del INAI no comprenden que, en un Estado de Derecho, en el marco de la Vida Democrática de un país, nadie está sobre la Ley, remarcó el Ombudsman Provincial, quien dijo estar sorprendido por la reacción de Díaz quien además diera a entender, en recientes declaraciones periodísticas que el párroco de Ing. Juárez, Padre Juan Rosasco, teniendo datos para aportar de quien o quienes venden o distribuyen drogas en la localidad no tiene la obligación de denunciarlos. Sobre éste particular, el funcionario local expresó: “Díaz dice que el Estado debe actuar de Oficio sobre la problemática de la distribución de estupefacientes, lo cual es cierto y se realiza, es lo que vemos que sucede todos los días, con allanamientos, secuestros de droga y arrestos. Lo que desconoce Félix es que la aprensión de los responsables se realiza, muchas veces, merced a la denuncia de los particulares que es lo que le pedimos al Sacerdote, estimo que cualquier persona tiene que sentirse obligada a dar a conocer quiénes son los traficantes de la muerte, como decimos. La Defensoría tiene habilitados decenas de buzones por la vida en los cuales, anónimamente, las personas aportan datos útiles para que las autoridades actúen directamente sobre éste flagelo social. Pues si se conoce quien está vendiendo drogas y no se lo denuncia, uno se convierte en encubridor, por cuanto está ayudando al criminal a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la justicia, tal es lo que reza nuestro Código Penal Argentino.
Gialluca, finalmente, calificó de “patética” a la actuación de Félix Díaz en el caso Santillán y el intento de quiebre de la paz social en Ingeniero Juárez criticando el hecho de que utilice los recursos del INAI para pagar los honorarios de una persona reconocida en el oeste por los delitos que cometió y repudiado por toda la sociedad juarense (criollos y aborígenes), a la cual debemos apoyar y no a sus agresores. Por su parte, desde la Secretaría Letrada de la Defensoría del Pueblo, José Porfirio García, adelantó que se solicitará la intervención de las Autoridades Federales y/o eventualmente la Justicia Ordinaria en el caso, para que investiguen hasta que punto incurren o no en apología del delito quienes apoyan a los grupos que hoy amenazan con tomar edificios públicos y agredir a los docentes de la Escuela 438 del Barrio Obrero de Juárez que intervinieron para pedir la Paz Social para la localidad.-
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