La Cámara baja trató el miércoles 9 varios temas como la aprobación de la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, que obtuvo media sanción con 225 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. A partir de ahora, aquellos padres que no cumplan con los acuerdos judiciales de mantener a sus hijos, tendrán una numerosa serie de impedimentos para ciertos trámites y permisos y se introdujeron varias modificaciones a distintos artículos.
En ese sentido el diputado nacional Ramiro Fernández Patri afirmó: “Hoy aprobamos proyectos sociales primordiales para los argentinos y argentinas. Fue una jornada muy importante de ampliación de derechos, de justicia social y de consenso parlamentario en la gran mayoría de los proyectos que se aprobaron ayer”.
Otro tema importante que se debatió fue la Ley 20.628, del Impuesto a las Ganancias, y se aprobó de forma unánime una «modificación del artículo 27, sobre exención para profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, en remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias”.
Este proyecto modifica el Impuesto a las Ganancias para que los médicos que realizan más de cuatro guardias por mes no tengan que tributar por esas tareas. La iniciativa recibió el visto bueno por unanimidad, con 223 votos afirmativos, por lo que fue girada al Senado.
Asimismo, la Cámara baja aprobó la Reforma del sistema de Protección Integral de los Discapacitados, con el fin de que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tenga una vigencia permanente cuando el problema de salud es «irreversible». Y dio jerarquía institucional a la Convención Interamericana «Belém do Pará» para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Además, avanzó con una iniciativa que busca establecer un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas.
La iniciativa indica que “todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y el deporte, de forma libre y voluntaria, conforme a su identidad y expresión de género”.
También, apunta que “es obligación del Estado elaborar y ejecutar políticas públicas deportivas de manera que el acceso de la ciudadanía se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades”.
Entre las modificaciones a la Ley 20.655 -Ley de Deporte-, incorpora que el Estado promoverá al deporte bajo el objetivo de “prevenir situaciones de discriminación o violencia de cualquier clase, en especial en razón del sexo, características sexuales, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual y/o la situación de discapacidad”.
