Este miércoles, la Liga de Gobernadores emitió un comunicado respecto a la sentencia en primera instancia de la Causa Vialidad que el TOF 2 dio a conocer el martes por la tarde, donde condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida a ocupar cargos públicos.
Los mandatarios consideraron este hecho “de enorme gravedad institucional” y que quedará registrado como “uno de los agravios más grandes al sistema democrático”.
“Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Republica mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”, sostiene el texto.
Y agrega: “Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos”.
Asimismo, los gobernadores sostuvieron que, durante este “burdo” proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes “que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”.
“Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió Cristina Fernández de Kirchner y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”, expone el escrito.
De esta manera, resaltaron también que “todo este show mediático y judicial” se dio además en un contexto de “palmaria y escandalosa promiscuidad” entre fiscales y jueces intervinientes que “escandalizó a la opinión pública”.
“Los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha, como nunca en la Argentina, un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular”, recuerda el documento.
Por tal motivo, aseguraron: “Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado”.
“Sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”, señalaron.
Asimismo, manifestaron que la inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy, “es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza”.
“Tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”, ejemplificaron.
Por último, el documento destaca el “enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario”.
Y asevera que esto es “la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el Estado de derecho que tanto nos costó conseguir”.
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