Opinión*
Es lamentable ver a legisladores de Formosa celebrando este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la disputa en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al Gobierno de CABA durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
Al fallar a favor de CABA, la Corte Suprema socava el federalismo y la distribución igualitaria de los fondos para todas las provincias, según lo establece nuestra Constitución. Elimina, también, la posibilidad de construir viviendas, cloacas, escuelas, centros de salud y obras de infraestructura para los formoseños, en nuestro caso, en detrimento de seguir dando recursos a los porteños.
Sin dudas, es un fallo político, donde el brazo judicial de Juntos por el Cambio, es la Corte y es un fallo inconstitucional y antifederal porque la distribución de recursos tributarios le corresponde al Poder Legislativo de la Nación, por ende, avasalla la división de poderes y les quita a las provincias para darle al centralismo porteño.
Cómo se distribuye la coparticipación federal
Es bueno recordar que por la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, la distribución total de los fondos se reparte en un 42% al Tesoro Nacional, 57% a las provincias y 1 % al Ministerio del Interior, para constituir el fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN), de donde salen las transferencias según necesidades.
El fondo de coparticipación se nutre principalmente del 100% de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias y del 89% de lo recaudado por IVA.
La distribución se hace en base a tres criterios: la población total de cada provincia, la densidad de población y la brecha de desarrollo. La idea es darle mayor cantidad de dinero a las provincias con mayor densidad de población y con menor desarrollo.
Un poco de historia
En el año 2016 y vinculado al traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el ex presidente Mauricio Macri incrementó, vía decreto, el coeficiente de coparticipación de 1,4% al 3,75% para la Ciudad de Buenos Aires. Dos años más tarde se firmó el Pacto Fiscal en donde se redujo este porcentaje al 3,5%, número que se mantuvo hasta septiembre del 2020 ya en la presidencia de Alberto Fernández.
En septiembre de ese año se dio un conflicto entre la provincia de Buenos Aires y efectivos de la policía bonaerense por mejoras salariales derivando en un decreto presidencial, en acuerdo con todos los gobernadores, que reducía el monto de fondos derivados a CABA a 2,32% para atender esta demanda y corrigiendo una pérdida de 8 puntos que venía teniendo la provincia desde los años 80.
Para el 2019, el gasto per cápita en seguridad en CABA era de 16.900 pesos y en la Provincia de 6.700 pesos. Asimismo, cada 100 mil habitantes, la Ciudad Autónoma destinaba 1000 personas y la provincia 563 personas. En cuanto a los salarios, en 2020, el inicial en la Ciudad era de $49.200 pesos y en la Provincia de $37.500
En ese decreto, además, se establecía que, una vez que el Congreso de la Nación aprobara la transferencia total de las funciones de seguridad de la Ciudad, el coeficiente volvería nuevamente al 1,4% como hasta 2015. Esta ley la aprobamos en diciembre del 2020.
Hoy, el fallo de la Corte no resuelve la cuestión de fondo, pero insta a que, hasta que no se llegue a un fallo definitivo, la Nación envíe a la Ciudad un nuevo coeficiente 2,95%, pero sin explicar cómo llegaron a ese número.
Nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, junto con los demás gobernadores de las provincias, resolvieron dar mandato a los fiscales de Estado de las provincias que se presentaron en la CSJN como amicus curiae, reiterando el pedido de ser escuchados en el recurso que se tramita allí, por el tema de la coparticipación.
Mientras que, en el día de hoy, el presidente Alberto Fernández ante la notificación de la Corte instruyó al Procurador del Tesoro a presentar un recurso de revocatoria «in extremis» para revisar la medida dispuesta; además de recusar a los jueces por haber fijado posición ante la medida de fondo.
Entendiendo que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en el presupuesto, ley que ya se aprobó, se reasignarán los únicos bonos disponibles del ejercicio 2022, bonos tx-31, transfiriéndo al Gobierno de la Ciudad.
Esperamos que, con esto, no haya reclamos de Larreta, que, de acá a 90 días, va a tener los fondos disponibles, justo para el comienzo de la campaña.
Además, el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto de ley, que trataremos en sesiones extraordinarias, la misma prevé presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial, preservando el sistema federal y no afectando los derechos reconocidos a las provincias argentinas.
Teniendo en cuenta el mismo criterio que tuvo Larreta para hacer frente a la disminución de fondos en su momento, que creó el impuesto a las tarjetas para poder financiar los gastos que necesitaba, el presidente de la Nación, hará lo propio para hacer frente al aumento de fondos para la Ciudad de Buenos Aires.
Que no nos extrañe que, al momento de votar la oposición use su doble vara y no acompañe el proyecto, como lo hace siempre.
No quedan dudas de que este fallo es el financiamiento de la campaña a presidente 2023, de Horacio Rodríguez Larreta, de la misma forma que primero lo hizo Macri, en base a todas las provincias y luego con el financiamiento de los 44.000 millones de dólares del FMI, para su campaña a la reelección en el 2019.
Opinión*
*Licenciado Ramiro Fernández Patri
Diputado Nacional por el Frente de Todos
