Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia se indico acerca de las gestiones junto a las constancias de los trámites con las diferentes denuncias presentadas por ciudadanos que por la exigencia de “coimas” en Paraguay, ante la embajada argentina en el vecino país, planteando intervenga ante estas situaciones que son frecuentemente expuestas.
Incuso se espera que la esfera competente de Relaciones Exteriores de Paraguay, también tome cartas en torno a estas situaciones.
La Defensoría expuso justamente que “el continuo y permanente movimiento de argentinos hacia Paraguay no se detiene, es más se ha incrementado, continúa y cada fin de semana supera récords de autos y personas que buscan en Asunción, ventajas en precios en celulares, computadoras, máquinas de fotografías y todo tipo de mercaderías. Los consumidores soportan horas y horas de espera para traspasar la frontera tanto de ida como al regresar a la Argentina, principalmente en el Paso Fronterizo “San Ignacio de Loyola”. Esta situación genera molestias en los conductores que, allí mismo ya son abordados por “cambistas” y vendedores de una infernal gama de productos de dudosa procedencia y calidad”.
Hasta allí, todo parecería “normal”, pero no a todos los argentinos les resulta un reconfortable paseo de compras o de descanso, hasta “que algunos” y cada vez son más, los que caen en un organizado sistema de coimas que son exigidas para poder seguir transitando por las rutas y en estos casos, aduciéndose haber cometido, “alguna irregularidad o falta de tránsito, la cual no puede ser comprobada y para continuar se debe pagar lo que exigen las fuerzas de seguridad del vecino país, (que no son seguramente todos, sino como en todos lados hombres y mujeres que no honran a sus uniformes); bajo apercibimiento de tener que trasladarse a otros lugares, donde supuestamente se labrarían las Actuaciones correspondientes.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca, revelo que junto con sus colaboradores debieron este último sábado pasado acudir en auxilio de una familia formoseña, en donde el hombre se trasladaba hacia Asunción, con su esposa y una beba de 2 años, mas sus enseres mínimos domésticos, todos ellos usados (cama, ropero, un colchón, una mesa y una antigua heladera); el grupo familiar pasó la frontera argentina, pero se encontró que en la Aduana Paraguaya le exigían abonar la suma de 500.000 guaraníes, que obviamente no tenían y por ello decidieron regresar a Clorinda y cuán grande fue su sorpresa que al pasar por la Aduana Argentina, se hallaron con que allí le exigían en vaya saber que concepto, la suma de $3.000; quedando el grupo familiar en el medio de verdaderos coimeros por lo que inmediatamente y dada la lluvia que caía en ese momento, funcionarios del Organismo de la Constitución se contactaron telefónicamente con la Aduana Argentina, dando los datos de esta familia y exigiendo que se la dejara pasar inmediatamente. Actualmente existe un expediente en trámite para deslindar responsabilidades y con ello desde la Defensoría del Pueblo, se quiere mostrar, como estas anormalidades que constituyen delitos, se dan en todos lados, y en el caso de los formoseños, que acudimos a Asunción, somos obviamente víctimas de estas incómodas situaciones.
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