Dando cumplimiento a lo dispuesto por el gobernador Gildo Insfran (Decreto 503), la Fiscalía de Estado efectuó la presentación ante la Justicia Federal chaqueña a fin de constituirse como querellante en la causa judicial en trámite y colaborar para que las denuncias sobre una provincia de Formosa convertida en un “Narco-Estado” puedan ser esclarecidas. Incluso se propicia la máxima colaboración en las investigaciones para determinar cualquier tipo de participación que le pudiera caber a agentes y/o funcionarios del estado provincial, ya sea por acción u omisión.
La presentación ante el juzgado federal del Chaco a cargo de la magistrada Zunilda Niremperger fue cumplimentada este martes por la Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de Copes, a instancia de la decisión del titular del PEP y luego de las denuncias periodísticas formuladas por un legislador nacional y un periodista de Radio Nacional y que fuera difundida por la prensa nacional y provincial acerca de delitos en nuestro territorio propio de un “Narco Estado”.
Funda el primer mandatario el decreto que faculta a la Fiscal de Estado a que “se constituya como querellante ante los delitos que serian objeto de investigación y que fueran denunciados en los medios manifestándose la presencia de un “Narco Estado” en Formosa”. Ante esto, se advierte que “estarían implicados, por ende, funcionarios de los distintos poderes del Estado Provincial, sin determinación de autoría ni participación”, de ahí la necesidad de contribuir a que se esclarezca lo manifestado.
Aclara inclusive que “si bien esta materia constituye competencia propia del ámbito federal, es política del gobierno el combate sin tregua del flagelo del narcotráfico en todo el territorio de la provincia, con tolerancia cero hacia el mismo”.
“Deviene imperioso contribuir a los hechos denunciados”, enfatiza el titular del Poder Ejecutivo, quien ordena que se arbitren todos los mecanismos y medios necesarios para brindar la más amplia información por parte de los organismos del Estado que fuera requerida para el esclarecimiento de los mismos, insistiéndose en subrayar la determinación de di estuvieran implicados agentes y funcionarios provinciales, ya sea por su accionar o desatención.
González
Para el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, que es quien refrenda el decreto del PEP, lo dispuesto por el gobernador Insfran no hace más que revalidar el
“férreo compromiso del gobierno provincial de atacar de raíz” problemáticas derivadas del consumo de drogas”. Para el ministro queda claro que “esta gestión cuando advierte que tolerancia cero al narcotráfico no es una mera declamación, no se queda de brazos cruzados y se actúa con hechos concretos y con políticas firmes”.
Indico que este tipo de decisiones por parte del gobernador Insfran no es algo novedoso, recordando que cuando un funcionario público Pedro Ramón Bareiro, quien conduciendo un vehículo oficial se le encontró 50 kilos de estupefacientes, no solo se lo dejo cesante de inmediato, sino que también se instruyo a ser parte querellante en el proceso judicial abierto. “En este caso el estado provincial con legítimos y fundados derechos ha tenido una activa participación en la causa, incluso y con adhesión de la fiscalía, pidió la ampliación de la imputación al detenido”, expuso.
el funcionario público Pedro Ramón Bareiro, a quien conduciendo un vehículo oficial se le encontró 50 kilos de estupefacientes”, confirmo el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González.
También confirmo que a través del decreto correspondiente, el primer mandatario dispuso la “destitución” del cargo de comisionado de Área de Frontera Clorinda que este detentaba.
Primeramente expuso que la Fiscal de Estado, Stella Zabala de Copes “cumplimento con el acto ante la justicia federal a efectos de tomar intervención y constituirse en parte querellante en el proceso judicial abierto”. Dijo que “el imputado con su accionar estuvo en franca violación a la Ley Nacional 23737 de Tenencia y tráfico de estupefacientes”, advirtiendo además que “al momento de ocurrir el hecho, detentaba un cargo público, con lo cual incurrió en otros delitos como los de incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, abuso de autoridad y peculado”.
El doctor González preciso que ante las circunstancias ocurridas, “el gobierno tiene legítimos y fundados derechos para actuar como parte querellante. Es que el o los delitos comprometen directamente la salud, la seguridad común, el interés y la tranquilidad pública, fundamentalmente cuando el hecho lo cometió quien detentaba una función pública y utilizando un vehículo oficial”
Dio cuenta que el mismo escrito presentado ante el Juez Federal que entiende en el hecho, se “deja expresamente constancia de que es política de este gobierno, a través de los diferentes organismos provinciales, combatir el narcotráfico en todo el territorio y con todos los medios disponibles; es una política de estado la de perseguir y darle lucha a este flagelo en todas sus modalidades”. Incluso expone que prueba de ello está dada en la sanción de la Ley Provincial 1627/15 sobre Narcomenudeo, demostrando así la constante preocupación y ocupación estatal en perseguir y reprimir todas aquellas actividades vinculadas al tráfico, tenencia y consumo de estupefacientes”.
Advierte en la misma línea que “todo ello está en conformidad al perjuicio ocasionado a la buena fe pública, a las instituciones democráticas, sobre todo en la designación de los funcionarios, como también el buen nombre y honor de los demás funcionarios según lo establece la ley”.
El ministro marco que se acentúa en torno a las políticas públicas del estado provincial en “ejecutar una lucha frontal contra el narcotráfico”, lo propio en cuanto a que el delito en curso involucra a un funcionario púbico y bienes del estado, con lo cual se “menoscaba además a la comunidad en general y al estado en particular”.
Asimismo, se subraya la “necesidad de que se investigue hasta las últimas consecuencias a fin de su completa dilucidación, dado el tremendo perjuicio al estado formoseño y encontrarse no solo comprometidos intereses patrimoniales, sino los de la sociedad toda”.
Exoneración
Por otra parte, el doctor González confirmo que el gobernador Insfran dicto el decreto correspondiente a través del cual se destituyo a Bareiro del cargo de Comisionado de Área de Frontera Clorinda en el cual se desempeñaba.
Preciso que el instrumento dictado por el titular del Poder Ejecutivo y rubricado por la ministra Secretaria General del PE, Cecilia Guardia Mendonca, en sus fundamentos deja “expresamente sentado la gravedad de los hechos en los cuales se ve involucrado esta persona y por supuesto su total inhabilidad de estar en condiciones de desempeñar la función para la cual fue encomendado y ninguna otra dentro del estado provincial”.
Asimismo, el ministro expuso que también se instruyo a diferentes estamentos del estado, como los ministerios de la Secretaria General y el de Economía, el inicio de todas las acciones necesarias a fin del “total esclarecimiento de los delitos investigados, y también de las personas que por acción u omisión sean autores, cómplices o participes”.
En la misma línea se dispuso que “todos los organismos públicos arbitren los medios y mecanismos necesarios tendientes a brindar toda la información y colaboración a efectos de contribuir a la investigación de los delitos en los cuales se imputa a Bareiro”.
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