En el reporte técnico que publicó el Ministerio de Economía de la Nación se comprometió con el FMI a reducir en 0,5% del PBI, quitando los subsidios a la energía. La Defensoría del Pueblo de Formosa rechazó el pedido de aumento de tarifas de las empresas de energía.
El Gobierno nacional le anunció al Fondo Monetario Internacional (FMI) que, para llegar al equilibrio de las cuentas nacionales, reducirá sus gastos en 3% del PBI. De ese total, 0,5% del producto se ahorrará en subsidios a la energía a través del aumento de la tarifa. Desde Formosa, autoridades de la provincia rechazaron el ajuste en el servicio de energía eléctrica.
Según el informe técnico que publicó el organismo internacional, se aplicarán aumentos iniciales en las tarifas de electricidad de más de 200%.
Todavía no hubo pronunciamiento de la Secretaría de Energía, pese a que se esperaba que publicara los nuevos cuadros tarifarios hace unos días. Mientras tanto, los subsidios a la energía se dispararon aún más en diciembre, luego del salto del tipo de cambio oficial de 120%, porque los contratos están dolarizados.
El Gobierno de Javier Milei acordó con el FMI tener una “racionalización de los subsidios energéticos ineficientes, que inicialmente estarán respaldados por un ajuste en las tarifas de electricidad a partir de febrero, para alinearlos con los crecientes costos de generación, transporte y distribución, y asegurar la reducción del 0,5% del PBI en los subsidios energéticos”, según el memorando de políticas económicas y financieras que el Gobierno le envió al FMI.
Esto fue repudiado por Formosa desde una primera instancia. El titular de la Defensoría del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, en el marco de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hizo público el rechazo de la provincia al incremento en las boletas de luz.
Gialluca había solicitado que la Secretaría de Energía “no apruebe la solicitud de ajustes presentada por TRANSNEA S.A. y se rechace también el pretendido mecanismo de actualización mensual de tarifas”.
Además, desde el organismo formoseño advirtieron que el incremento que se autorizó “hará que los usuarios residenciales tanto de los niveles dos y tres, como así los jubilados, pensionados, asalariados públicos, privados y pymes, se vean imposibilitados de hacer frente a las facturas del servicio público esencial de energía eléctrica”.
Por otro lado, el funcionario denunció que las líneas de transporte a cargo de TRANSNEA S.A. tanto en las zonas de: Gran Formosa-Pirané, Gran Formosa-Ibarreta, Gran Formosa-Clorinda, Corredor Norte de Formosa, Formosa-Clorinda, “se encuentran todas sobresaturadas, lo cual fue reconocido por el propio gerente de Operaciones en la audiencia pública”.
Asimismo, Gialluca expuso que existen Estaciones Transformadoras (ET) sin reservas, ya que necesitan cambios de celdas e interruptores, exponen problemas de comando a distancia de las ET y carecen de limpieza y mantenimiento de electroductos. “Todo ello responsabilidad exclusiva de TRANSNEA que lleva 30 años brindando un servicio altamente deficiente”, apuntó.
Por último, el funcionario recordó que el máximo Tribunal de Justicia ordena “que los incrementos tarifarios deben estar atados a los aumentos salariales, como así también se debe establecer una tarifa social única, homogénea y de simple acceso para todos los beneficiarios. Además, prevé un Consejo de Control que elabore informes semestrales sobre el cuadro de inversión y los cuadros tarifarios, lo que hasta la fecha no se cumple”.
La determinación del Gobierno Nacional de reducir la intervención estatal y autorizar el aumento de tarifas eléctricas que propone el FMI, profundiza la pérdida del poder adquisitivo de las familias, especialmente en las regiones del norte argentino. En estas áreas, el consumo energético tiende a ser más elevado debido a las constantes altas temperaturas que se han acentuado en los últimos tiempos, a pesar del uso racional que realizan los usuarios.
