Una nueva brecha separa a los argentinos. Contra el DNU o a favor del DNU, es decir, de reconocer o no al presidente de la República, la facultad de legislar derogando o modificando leyes aprobadas por el Congreso y dictando normas con fuerza de ley, entrando por la puerta falsa de los decretos de necesidad y urgencia.
La Constitución Nacional faculta al Poder Ejecutivo, ante una situación de urgente necesidad dictar una norma que, en principio, es competencia del Poder Legislativo cuando esa necesidad no pueda ser satisfecha hasta que se pronuncie el Congreso, mediante medidas administrativas como contratos, reglamentos, subsidios, etc. Señalemos de paso que la Constitución de Formosa no otorga al Gobernador esa facultad, ni este la ha pretendido.
Pero una cosa es utilizar esa facultad para resolver una situación de extrema urgencia, y otra muy distinta es utilizarla para implantar una nueva política del Estado y dejar otra sin efecto, porque eso consiste en desviación de poder, un vicio que provoca la nulidad de cualquier decisión estatal. Y si no se trata de una materia, sino de centenares, se incurre en exceso de poder.
Lo que el Presidente quiere y lo ha dicho reiteradamente, es hacer una revolución política y social desde el poder imponiendo a los argentinos un sistema jurídico económico y social que él denomina liberal libertario, pero al que mejor cuadra la denominación anarco capitalismo, ya que no es liberal por su impronta clasista al considerar los contratos libres solo en cuanto benefician al capitalismo financiero, sin tener en cuenta el interés de los sectores trabajadores, de clase media y pequeña y mediana empresa.
ROQUEL RODOLFO RICARDO
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