La subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Formosa, Silvina Aráuz, dialogó con AGENFOR y se refirió al cierre de la unidad de búsqueda de nietos desaparecidos dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) por parte del Gobierno nacional considerando que genera “incertidumbre sobre la custodia de archivos y la continuidad en la identificación de personas con dudas sobre su identidad”.
“La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad sigue existiendo, pero dentro de ella y del ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, existía una unidad de búsqueda de nietos, que era la unidad ejecutiva y que tenía las facultades precisamente para custodiar los archivos y armar los legajos de las familias que buscaban y también de las personas que dudaban de su identidad”, explicó.
Y añadió: “Es un trabajo muy reservado, de muchos años, van armando todos estos expedientes, entonces cada vez que hay alguien que duda de su identidad, se coteja estos datos, luego se comunica al equipo técnico para que se tomen las muestras de ADN, que ingrese al Banco Nacional de Datos Genéticos y con toda esa información se presenta en la justicia, en caso de que se considere que hay una verosimilitud o que pueda haber una duda razonable entre esta persona que duda de su identidad y la búsqueda de un posible nieto”.
En ese marco, el Gobierno de Javier Milei decidió “desmantelar totalmente” esta unidad de búsqueda porque, según la funcionaria, “considera que no tiene que estar en el ámbito del Poder Ejecutivo”.
Pero, recordó, la misma fue creada por ley y, además, señaló que “hay otras unidades especiales dentro del Poder Ejecutivo como la Unidad de Información Financiera (UIF), que tampoco tendrían atribuciones si ese es el criterio o ese es el caso”.
“Lo que ocurre es que estos expedientes y toda esta documentación, que en realidad funcionaban como auxiliares de justicia, quedan desvanecidos, si se quiere. Por eso es que en este momento la misma Justicia Federal es la que interpuso una medida y ordena al Poder Ejecutivo, al ministro de Justicia y al secretario de Derechos Humanos de Nación, que en un plazo de 48 horas determinen cómo van a custodiar esta documentación”, señaló.
Y profundizó: “Más allá de que en esta unidad de búsqueda especial había personas altamente capacitadas y con un perfil de mucha sensibilidad, para armar estos archivos, expedientes, cotejar datos, porque hay que tener una base histórica y obviamente fundamentarse con documentos, buscar estos legajos ya con tantos archivos de las Fuerzas y los familiares, los posibles padres o madres de estas personas que dicen ser”.
El trabajo consiste, también, en determinar si los posibles progenitores “pasaron por una unidad de detención y si hay un vínculo con las familias que buscan”; y, a su vez, la labor con “estas personas que dicen que dudan de su identidad, es muy ardua, muy exhaustiva, pero aparte tiene mucha base profesional, son historiadores, antropólogos, genetistas, gente muy capacitada y que quedaron sin su trabajo”.
“Así que ahora la espera de ver cómo responde el Gobierno al pedido de la justicia, para decir cómo van a resguardar estos expedientes y también cómo se va a trabajar de aquí en más, porque cada vez que se presenta una situación así, directamente la justicia, a través de sus tiempos y de lo que pueda disponer, va a ser la que va a tener que tomar las medidas”, esbozó.
Y cerró: “Todos sabemos que los tiempos de la justicia son mucho más lentos y no tienen esta perspectiva, sin desmerecer, pero quienes han trabajado tantos años en esta temática y que la conocen, sin duda tienen una perspectiva tan capacitada, pero también muy comprometidos en la temática”.
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