El doctor Gabriel Alcaraz, subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario del Ministerio de la Comunidad, se pronunció sobre el caso del módulo habitacional ocupado en el barrio Lote 111 y expresó su profunda preocupación ante las reiteradas maniobras mediáticas impulsadas por una diputada de la oposición, quien, una vez más, recurre a la manipulación de una ciudadana en situación de vulnerabilidad para su beneficio político.
«Es lamentable, aunque no sorprende a nadie, que la diputada manipule un conflicto intrafamiliar para crear un montaje mediático, utilizando a una mujer que se encuentra acompañada y asistida por los distintos organismos del Estado provincial», señaló Alcaraz, en referencia al caso de la señora Cáceres, quien protagonizó un episodio de usurpación.
Alcaraz recordó que la señora Cáceres nunca se inscribió como postulante para ser beneficiaria de un módulo habitacional ante el Ministerio de la Comunidad y explicó que su situación se viene abordando de manera integral, mediante la intervención de diversas áreas del Ministerio, como el Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) del barrio Lote 111, las Direcciones de Niñez y Adolescencia, Fortalecimiento Familiar y el Programa Mejor Calidad de Vida.
Asimismo, ante las declaraciones de la propia señora Cáceres sobre presunta violencia de género, se dio intervención inmediata a la Secretaría de la Mujer para garantizar el asesoramiento y acompañamiento necesarios.
«Este es un caso que requiere un enfoque interdisciplinario, porque la señora Cáceres, a raíz de un conflicto, decide retirarse del hogar familiar, donde habita con su madre y otros miembros de la familia, y toma la decisión de usurpar un módulo”, precisó.
Y añadió: “Es decir, la problemática del caso no es principalmente la cuestión habitacional, sino que abarca otras cuestiones que deben ser atendidas –y lo son- integralmente»; al mismo tiempo que enfatizó: “Nuestro enfoque se centra en la protección de la persona humana y en el cuidado integral de sus derechos, conforme las premisas de nuestro Gobierno”.
El Subsecretario criticó duramente la intención de la diputada de obtener rédito político a través de la utilización, nuevamente, de un conflicto.
“Es deplorable que, con el fin de mantenerse activa en redes sociales para su beneficio político, aliente la comisión de maniobras ilegales, y el desapego a las normativas y reglamentos que rigen el acceso a los derechos, utilizando para ello a las familias más vulnerables, y en particular, a los niños hijos de la señora Cáceres”, expresó.
Detalles del caso
Alcaraz narró que la señora Cáceres, tras un conflicto intrafamiliar, decidió abandonar la vivienda que compartía con su madre en el Lote 110, acompañada de sus dos hijos, para ocupar ilegalmente un módulo habitacional en el barrio Lote 111.
El módulo en cuestión pertenece a una adulta mayor que, tras atravesar una situación de salud, fue ingresada temporalmente a una residencia para su mejor atención, pero se encuentra próxima a su egreso.
Esta situación de usurpación motivó la intervención de la policía provincial para pacificar el incidente y proteger la integridad de los niños, quienes fueron asistidos por el Juzgado de Menores y la Dirección de Niñez y Adolescencia.
El funcionario reiteró que la asignación de módulos habitacionales responde a criterios de prioridad basados en la vulnerabilidad familiar, y no a medidas de fuerza.
“A la señora Cáceres se le explicó, ya en un intento de usurpación anterior a éste, el proceso de inscripción al Programa Mejor Calidad de Vida, requisito fundamental para acceder a una solución habitacional y se le ofreció el acompañamiento para la realización del trámite, pero nunca se acercó para concretarlo”, indicó.
Sin embargo, en esta oportunidad, tras la intervención del Juzgado de Menores y la Dirección de Niñez y Adolescencia, en resguardo de los niños, la señora Cáceres se comprometió a realizar los trámites necesarios para acceder a un módulo habitacional.
Enfoque integral y sostenible
Es evidente que el derecho a una vivienda digna se encuentra entre los más vulnerados como consecuencia de las políticas de ajuste a las políticas sociales, encaradas por el Gobierno nacional, teniendo como consecuencia que numerosas familias se vean obligadas a solicitar asistencia debido a la imposibilidad de acceder a un techo o afrontar los costos de un alquiler.
Alcaraz subrayó que frente a esta y otras situaciones, “el Gobierno de Formosa trabaja incansablemente para responder a las necesidades de la población, pero es imprescindible que se cumplan las normativas y los procedimientos establecidos para garantizar una distribución justa, objetiva y equitativa de los recursos”.
“La integralidad de las acciones y la cooperación y coordinación entre distintos organismos gubernamentales son esenciales para abordar de manera efectiva las problemáticas sociales y asegurar soluciones sostenibles en el tiempo”, finalizó.
