La Defensoría del Pueblo de la Provincia, en el caso denunciado por ante la Fiscalía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial y donde se investiga la presunta comisión de apremios ilegales y lesiones graves producida a un adolescente de 16 años, y cuyos hechos habrían acaecido en la Comisaría de Pirané, independientemente de las acciones penales en curso, se peticionó a al actual Jefe de la Policía, comisario general Ángel Insfran, que además del trámite de los sumarios internos correspondientes, se ordene la separación preventiva de todos los miembros de la fuerza de seguridad provincial involucrados, hasta tanto se resuelva su situación procesal y administrativa.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señalo que “es necesario deslindar todas las responsabilidades que se le atribuyen a este grupo de policías como autores materiales de una terrible golpiza que habría recibido el hijo de la señora Laura Brítez, el pasado martes 10 del corriente mes y producto de la cual, “el menor no paraba de orinar sangre”, y tendría hasta órganos vitales afectados”.
Considera “inadmisible que los integrantes de la Comisaria de Pirané hayan actuado conforme las manifestaciones hechas públicas por la hermana del menor y sus familiares, el abuso, la tortura y la denigración hacia cualquier ciudadano, nunca debería provenir de integrantes de una institución como la Policía de la Provincia, puesto que vivimos tiempos en que las Instituciones deben consolidarse en cuanto a credibilidad y afianzamiento para con la Comunidad Civil y no estamos diciendo, “que todas o todos los integrantes de la policía actúen marginalmente, pero lo que no podemos permitir es que aquellos que no tengan las cualidades psíquicas y físicas para estar dentro de una fuerza, sigan en ella y deben ser inmediatamente separados de la misma”.
El Organismo de la Constitución, consideró que “la bestialidad en el accionar de los policías, en este caso, no se condice con las funciones y acciones que debe llevar adelante cada uno de sus integrantes y se constituyen en sí mismo, en un peligro potencial para toda la comunidad, por ello priorizamos la investigación judicial correspondiente, donde obviamente tienen todo el derecho a defenderse o a contar con una defensa oficial; pero nosotros no podemos permitir que estas personas prosigan sus actividades utilizando los uniformes, armamentos, instalaciones y demás elementos que les brinda el Estado Provincial para proteger a los ciudadanos y por ello en este caso y en cualquier otro caso, deben ser inmediatamente separados, como señalamos preventivamente de la Policía de la Provincia; y de ser responsables exonerarlos de la fuerza antes citada”.
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