En la tarde del viernes 22, la Convención Constituyente de Formosa llevó adelante su octava sesión plenaria en el marco de la reforma de la Carta Magna provincial. Durante el encuentro, se aprobaron cambios en los artículos 60, 63 y 74, se incorporó un nuevo artículo al régimen financiero y se dispuso la supresión de los artículos 66 y 67.
Previo al tratamiento de estos artículos, el convencional Rodrigo Vera solicitó la aprobación de un proyecto de resolución que consolidó la exclusión del convencional Francisco Paoltroni.
“Es el único convencional constituyente de la historia mundial que no terminó una sola sesión. Esta falta de respeto a la soberanía popular es indignidad. Sin terminar una sola sesión, retirándose en el medio del recinto y faltando al resto de las sesiones es una conducta que daña el funcionamiento de esta Convención”, afirmó Vera al presentar la cuestión de privilegio.
Por otra parte, se aprobaron los expedientes de renuncia de los convencionales Guillermo Evans, Gabriela Neme, Sofía Fridman, AtílioBasualdo y Pablo Míguez. En consecuencia, se aprobó la convocatoria, para el próximo lunes 25, de los suplentes que ocuparán dichas bancas en el recinto.
Se trata de los integrantes de los sublemas “Viva Formosa Libre”, “Libertad, Trabajo y Progreso”, del lema Confederación Frente Amplio Formoseño, y los del sublema “Las Fuerzas del Cielo”, del lema La Libertad Avanza.
En lo referido al artículo 60, la Convención aprobó la incorporación de un nuevo párrafo que establece que la provincia no aceptará ninguna modificación del régimen de coparticipación federal que no se realice bajo el mecanismo de Ley Convenio, tal como lo dispone el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional.
Por su parte, en el artículo 63 de la Constitución de Formosa, que regula la banca oficial, se incorporaron modificaciones que permiten otorgar créditos exclusivamente al sector privado y orientan la política crediticia a impulsar proyectos productivos y promover el desarrollo económico.
“La idea es cuidar la banca oficial para que no se desvirtúe su principal objetivo que es fomentar y canalizar el ahorro en inversiones productivas. Pretende garantizar que los créditos sean para proyectos de inversión serios y que cuenten con la garantía que permita al banco el recupero”, según explicó el convencional del Partido Justicialista, Hugo García.
Se suprimieron los artículos 66 y 67 de la Constitución provincial para fusionarlos en un nuevo artículo, adaptado a los derechos ya existentes en la provincia. En el marco del régimen financiero, este artículo establece que el Estado propenderá a destinar en el presupuesto recursos para la promoción de la producción agropecuaria, industrial, forestal, minera, hidrocarburífera, turística, científica y tecnológica.
El objetivo es impulsar sectores estratégicos a través del crecimiento de la población rural, la incorporación de tierras a la explotación agropecuaria, la diversificación productiva, la industrialización con valor agregado en origen, la generación de empleo y el desarrollo de la economía del conocimiento y de las industrias tecnológicas en las distintas regiones de la provincia. Además, se determinó que los fondos creados para el desarrollo productivo serán de carácter inembargable.
Rubén Solalinde fue el convencional encargado de exponer las modificaciones y explicar sus alcances: “La propuesta es que este nuevo artículo sea un resumen y modernización de los artículos 66 y 67, pero donde el estado destine partidas específicas en la Ley de presupuesto para potenciar a los sectores que forman parte de la diversificación productiva de la provincia. Es una adaptación a los nuevos tiempos, de acuerdo a los cambios cualitativos que dio la provincia en términos productivos”.
Por último, se consolidaron modificaciones en el artículo 74, que protege los derechos de los consumidores y usuarios. Durante la sesión plenaria se incorporaron dos nuevos párrafos que establecen que el Estado fomentará la educación financiera y la inclusión de los usuarios en el ámbito de los servicios financieros, promoviendo que el acceso al crédito se realice en condiciones claras, transparentes y con información completa, incluyendo medidas para prevenir el sobreendeudamiento.
Asimismo, la legislación regulará la publicidad para evitar inducir a conductas adictivas o perjudiciales y establecerá sanciones contra los mensajes que distorsionen la voluntad de compra del consumidor mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas o engañosas. Deberán preverse mecanismos de protección especial para personas con vulnerabilidad agravada, para que puedan ejercer con plenitud sus derechos como consumidores.
“La inclusión en los temas propuestos constituyen una herramienta importante para robustecer la igualdad real de oportunidades. La letra propuesta para ser incorporada a la nueva Constitución, redobla los esfuerzos porque reconoce la debilidad jurídica que padecen algunos colectivos de consumidores y servirá para brindar, como Estado, más y mayores respuestas”, concluyó el convencional Edgar Pérez.
