Esta semana, el Juzgado Federal Nº 2 de Formosa, a cargo de la doctora Belén López Macé, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en un plazo de 24 horas, deje sin efecto las medidas de retención y/o suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el territorio provincial. Además, dispuso la inmediata liberación de los fondos depositados en las cuentas bancarias de los beneficiarios, que hasta el momento permanecían retenidos.
La decisión surgió luego de que la Asociación “Camino Azul-TEA Formosa”, presidida por Florencia Santa Cruz, junto a beneficiarios afectados y la Defensoría del Pueblo, presentaran una acción de amparo.
En ese sentido, el defensor José Leonardo Gialluca subrayó que “en este caso, esta acción de amparo tiene un efecto legal erga omnes, es decir, que es para todos. Aparte de ‘Camino Azul’ y los casos indubitados, tiene efecto sobre todos los pensionados de la provincia de Formosa”.
En declaraciones recabadas por AGENFOR, resaltó que “es el primer precedente que existe en este tema a nivel nacional, con efecto colectivo”.
Por su parte, Santa Cruz reiteró que “no estamos en contra de las auditorías”, marcando que las mismas son necesarias, siempre y cuando “no afecten a las personas que más necesitan”.
“Hay personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), que tienen una discapacidad y les suspendieron (las pensiones) por no llegar a tiempo” con la presentación de la documentación de los estudios y los tratamientos, denunció. “El lapso que les daban era de 10 días, es imposible que en ese tiempo se pueda reunir todo lo que ellos pedían –argumentó-. Es más, cuando fuimos al Consejo Federal de Discapacidad, nos decían que quienes tenían CUD no debían presentar ningún papel y era mentira”.
Contundente, dilucidó que “ellos viven una realidad que en las provincias es totalmente otra. Lo que nos decían no coincidía con los papeles que estaban pidiendo en Formosa y en otras provincias”.
Fue así que “le planteamos a la ANDIS que suspenda (las auditorías) hasta que tengan un criterio, porque les preguntamos cuáles eran los motivos por los que una persona podía seguir con la pensión y cuáles por los que no, y no sabían qué contestar porque no tenían ningún criterio”.
Por ende, Santa Cruz hizo notar que les preguntó “qué era una persona con discapacidad para ellos”, consignando que “lo que me dijeron es que las pensiones las van a seguir cobrando las personas que están postradas”.
