Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las Universidades públicas recurran a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
Cabe recordar que el Gobierno nacional promulgó dicha norma, así como la N° 27.796 que declara por un año la emergencia sanitaria pediátrica, pero dispuso suspender su ejecución, argumentando que no se previeron los recursos presupuestarios necesarios para su aplicación.
“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las Universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente del Consejo, Oscar Alpa, para resumir el acuerdo de la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario.
“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
Asimismo, desde Formosa, al referirse a la decisión del CIN, el ingeniero Ricardo Oviedo, docente universitario de dilatada trayectoria en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), denunció que el presidente Javier Milei “está rompiendo toda la institucionalidad de nuestro país” y consideró “totalmente inadmisible” que no se aplique una ley “aprobada legítimamente por el Congreso Nacional”.
Dijo que dicha norma “es fundamental para el sistema científico, tecnológico y universitario”, ya que “si no hay financiamiento, las Universidades no pueden desarrollarse ni cumplir con el fin social y cultural que tienen”.
Además, calificó de “lamentable” el alineamiento político que sostienen las actuales autoridades de la UNaF con el Gobierno libertario, que viene llevando un plan sistemático de desfinanciamiento de la educación superior pública, así como un ajuste feroz en los salarios de trabajadores docentes y no docentes universitarios.
“Es lamentable que las autoridades de nuestra Universidad Nacional de Formosa se hayan alineado expresamente con este Gobierno libertario –repudió-. De hecho, el de la UNaF es el único rector que no ha estado presente en las últimas reuniones del Consejo Interuniversitario Nacional y no sé qué hará ahora, porque tienen que presentarse a la Justicia a demandar al Gobierno nacional”.
Categórico, enfatizó que es “realmente inadmisible que se apoye una política que va en contra de los intereses de la Universidad pública y que destruye al sistema universitario, científico y tecnológico”.
