El ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Rodríguez, se refirió al avance de medidas judiciales sobre bienes e ingresos del senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, señalando que tanto la Justicia Federal como la Provincial ejecutaron embargos en el marco de distintas causas, y que incluso el Senado de la Nación fue notificado como empleador del legislador.
En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el funcionario provincial explicó que una de las actuaciones se originó en expedientes administrativos del propio Ministerio, vinculados a desmontes –o, en términos técnicos, cambios de uso del suelo-, detectados por el sistema de alerta temprana de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización, que utiliza imágenes satelitales para verificar si las actividades están o no autorizadas.
“Se citó a las firmas asociadas al senador Paoltroni para que hicieran su descargo. No hubo respuesta alguna. Ante la falta de presentación, se avanzó en la aplicación de la multa correspondiente al daño ambiental sin autorización”, afirmó el ministro Rodríguez, quien agregó que, al no abonarse las sanciones, la Fiscalía de Estado solicitó su ejecución judicial. “Con ese argumento, la Justicia llevó adelante los embargos recientemente”, confirmó.
Polémica por el patrimonio ganadero
Rodríguez también se refirió al notable incremento de la hacienda vinculada al senador de LLA, señalando que según datos del sector privado, Paoltroni habría pasado de unas 141 cabezas de ganado a más de 3000 en un plazo reducido. “Es un crecimiento exponencial que sorprende incluso dentro del propio sector ganadero, donde tasas tan altas son muy difíciles de alcanzar”, señaló.
Más adelante, sostuvo que, según referentes privados del sector, existen “fuertes versiones” que vinculan al senador con presuntas maniobras de comercialización en negro de hacienda. “Obviamente la Justicia tendrá que tomar cartas en el asunto”, afirmó.
El ministro Rodríguez concluyó señalando que los procesos administrativos y judiciales seguirán su curso, remarcando que “todas las actividades agropecuarias tienen impacto ambiental, pero deben realizarse dentro de la ley y con la documentación correspondiente”, algo que, según indicó, no ocurrió en los casos investigados.
